Estudian unirse las dos CGT

Involuntariamente, Carlos Reutemann será el padrino: hoy en Santa Fe reunirá a representantes de todas las corrientes sindicales. En Buenos Aires, mientras tanto, se estará realizando una negociación entre sindicalistas dialoguistas (CGT-Daer) y Hugo Moyano para volver a unificarse y atacar al gobierno por la desregulación de las obras sociales. La intención de Chrystian Colombo era que el martes, en la reunión de gabinete, se firme el decreto que completa la desregulación. Los sindicatos preparan, una marcha sobre Plaza de Mayo para el 9 o el 12 de diciembre.

Antes de viajar a México el miércoles, donde asistirá a la asunción del mando de Vicente Fox, Fernando de la Rúa quiere dejar firmado el decreto complementario de la desregulación de las obras sociales, que comenzará a regir en enero y que se dispuso por otro decreto en mayo de este año. Como si estuvieran atadas por un hilo invisible a la lapicera del Presidente, las dos CGT iniciarán hoy un proceso que, si no desemboca en la unificación, coordinará sus agresividades frente al gobierno.
Rodolfo Daer le mostrará los dientes al gobierno ofreciéndole a Hugo Moyano la realización conjunta de una marcha sobre Plaza de Mayo el 9 o el 12 de diciembre. Hoy comenzarán a ajustar ese acuerdo Pedro Goyeneche, Oscar Lescano y Luis Barrionuevo con los delegados de la CGT disidente Moyano, Omar Viviani y Saúl Ubaldini.

El paro de 36 horas del jueves y viernes pasados fue decisivo para determinar el curso que tomarían los hechos. Fortaleció al ala más dura del gobierno frente a los sindicatos, que para la desregulación de las obras sociales estuvo representada por Pablo Gerchunoff. Retrocedió, en cambio, el sector que buscó durante meses un acuerdo con los gremios «dialoguistas», es decir, el ministro de Salud Héctor Lombardo, y el superintendente del Sistema de Salud, Rubén Cano.

Si Gerchunoff presionó porque la desregulación sea completa, Lombardo y Cano quisieron limitarla a la fran-ja de aportantes de mayores ingresos, agrupados en las obras sociales de personal de dirección.

Con el paro debajo de su ventana, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, zanjó la discusión en favor de Gerchunoff y anunció: la desregulación va a ser completa.

Eso no quiere decir, sin embargo, que vaya a mantenerse en los términos en que se planteó en el primer decreto sino que, para que el sistema no entre en dificultades, deben realizarse algunas correcciones.

La primera de ellas, tendiente a seducir a las empresas privadas de salud, consiste en que el Estado garantizará un aporte individual mínimo de $ 20, cualquiera sea el salario del afiliado a una obra social o a una prepaga.

Desde temprano las compañías privadas se venían quejando de que la contribución propuesta por el gobierno como base era insuficiente para satisfacer el programa médico obligatorio que el propio gobierno estableció y que debe ser brindado a todos los beneficiarios.

Habrá que ver cuántas empresas privadas se inscriben para captar afiliados con esta garantía, que asegura un aporte mínimo de $ 80 por familia tipo para el programa básico.

El otro aspecto de la desregulación que se regulará con el nuevo decreto tiene que ver con la afiliación que deben realizar quienes acceden a su primer trabajo. Será decidido en favor de los sindicalistas, ya que el decreto dispondría que quien ingresa a su primer empleo debe afiliarse por un período limitado (casi seguramente 6 meses) a la obra social de su actividad, es decir, a la de su propio gremio.

Este tipo de aportante es el más codiciado por sus características: habitualmente se trata de jóvenes, solteros y en buen estado de salud, que acaban de hacerse un chequeo preocupacional.

Es posible que por un tiempo no quieran cambiar de obra social ya que, al usarla poco, tienen poca conciencia de su buena o mala calidad. Ese segmento del mercado, que aporta y no gasta, les será entregado a los sindicalistas.

La nueva reglamentación no induce, pero tampoco impide, que haya asociaciones entre obras sociales y prepagas.

Es decir que las empresas privadas podrán captar masas de afiliados no compitiendo con los sindicatos sino asociándose a ellos.

Es una condición atractiva para ambos protagonistas del sistema. Para los gremialistas, porque la competencia no se hará sobre la base de su extinción como empresarios de la salud.

Para los privados, porque no deberán captar afiliados individualmente. Ocurre que quien decide afiliarse a una obra social o prepaga es porque tiene una demanda de salud a satisfacer, con lo que empeoran la situación financiera de la entidad.

Por lo tanto, se trata de alguien que de por sí gasta. En cambio, si los que se afilian son grandes grupos (los afiliados ya a una obra social o los empleados de una empresa) es posible que muchos sean sanos y aporten pero no consuman servicios.