15 de noviembre 2002 - 00:00

Fallo judicial habilita otra fecha de elección: abril 20

Las calles de la Capital Federal aparecieron ayer con pegatina de carteles proselitistas del ex presidente Ramón Puerta. Un condimento al debate sobre fechas electorales, de cuya postergación es defensor el senador por Misiones.
Las calles de la Capital Federal aparecieron ayer con pegatina de carteles proselitistas del ex presidente Ramón Puerta. Un condimento al debate sobre fechas electorales, de cuya postergación es defensor el senador por Misiones.
La Justicia repondrá hoy el polémico sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatos a cargos nacionales de todos los partidos políticos. La Cámara Electoral Nacional terminó de elaborar, en la reunión de acuerdo de ayer, la sentencia que voltea la declaración de inconstitucionalidad dictada por la jueza María Servini de Cubría el 9 de octubre pasado.

Hoy los camaristas esperan el último escrito que debe elevarles el fiscal electoral de la Capital Federal, Jorge Di Lello, con su opinión sobre las presentaciones efectuadas por las partes (tres vecinos de la Capital contra el sistema; el gobierno, a favor).

La Cámara envió ayer el expediente a consideración de Di Lello, quien tiene apenas 24 horas para responder con un escrito. Si lo presenta antes de mediodía, los camaristas darán a conocer por la tarde su decisión.

Si el funcionario agrega alguna novedad argumental, la sentencia se demorará hasta el próximo acuerdo, el martes que viene. Como anoche nadie esperaba esto último, se afirmaba la idea de que realizar hoy mismo una reunión extraordinaria y terminar con las esperas.

Si en algo están de acuerdo Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera es en evitar que la Cámara Electoral se convierta en el chivo expiatorio de los políticos. Para eso deben eludir transformarse en árbitros de las fechas de votación, algo que ha intentado el gobierno a toda costa.

La decisión de Servini fue acompañada de una suspensión del sistema de la Ley 25.611 y la devolución a los partidos de la facultad de elegir candidatos al gusto de sus cartas orgánicas, pero también de una ratificación de la convocatoria a elecciones generales para el 30 de marzo próximo.

• Nuevo cronograma

Si se confirma la posición que han manifestado los camaristas en las reuniones de análisis de la sentencia Cubría, es esperable que repongan el sistema de internas abiertas y, aunque no le pidan a la jueza un nuevo dictamen, confirmen la legalidad, tanto del llamado a urnas partidarias como al de elecciones generales.

La sentencia obligará a que el gobierno dicte un nuevo cronograma electoral, que le permitirá al Presidente acomodar los tiempos a su proyecto de hoy, que no es el mismo que tenía cuando dispuso el adelantamiento de su salida para el 25 de mayo. Aquella fue una decisión dictada por el miedo a las consecuencias tras la muerte de dos piqueteros durante una protesta en el puente de Avellaneda, en junio pasado. Es algo de lo cual
Duhalde y sus asesores se arrepienten ahora y por oso viven entregados a buscar la manera de bajarse de la decisión, pero sin confesar el cambio de rumbo.

La sobreactuación del Presidente hace dos semanas, cuando fue al Congreso, personalmente, a pedir que le acepten la renuncia ante datada al 25 de mayo, es la evidencia de que el proyecto de
Duhalde es permanecer hasta el 10 de diciembre. Nunca falla la prueba que señala que cuando Duhalde dice querer una cosa, en realidad pretende la contraria.

Ahora tiene ante sí estos escenarios:

• Si quiere irse el 25 de mayo tiene tiempo para hacer la interna hasta el 16 de febrero. Según un ensayo de cronograma electoral elaborado por el Ministerio del Interior, ese día es el último para elegir candidatos y tener presidente nuevo el 25 de mayo. Diez días más tarde, el 26 de febrero, cerraría la presentación de alianzas y candidaturas. Desde ese día hay que calcular 50 más para la realización de las elecciones generales, que podrían ser el 20 de abril con segunda vuelta el 4 de mayo. De esta manera Duhalde podría cumplir con la prometida salida del gobierno el 25 de mayo.

• Estas fechas no están muy lejos de las que propuso el senador
Ramón Puerta para postergar las internas partidarias -sean por ley o por carta orgánica-de manera, que (según lo expuesto en el artículo publicado por este diario en la edición del miércoles), se acerquen las fechas para elegir candidatos, presidente y su asunción. El propósito es quitar, según el ex presidente, incertidumbre al proceso de cambio de autoridades y preservar el poder de quien sale y de quien entra al gobierno evitándole una exposición. La aparición ayer de afiches en la Capital Federal aludiendo a una candidatura de Puerta completaron el sentido de esta propuesta y lo colocaron como beneficiario de una eventual postergación electoral.

• El pedido de la Justicia de un nuevo cronograma le da, también a Duhalde la oportunidad de estirar los tiempos más allá todavía aunque no tiene aún a mano la fuerza necesaria para decir lo que piensa en realidad: que cambió de idea, que no tiene miedo a más incidentes de orden público y que le gustaría quedarse hasta el 10 de diciembre con elecciones presidenciales en octubre de 2003. Ayudaría mucho a «esa operación sinceridad» que la Justicia reviviese otro reclamo ya planteado ante Servini, que la convocatoria a elecciones de
Duhalde es inconstitucional.

• La reposición de las inter-nas abiertas según la Ley 25.611 no conformará a todos, y menos que nadie a los tres quejosos con ese sistema que son los vecinos de la Capital Federal,
José Luis Salvatierra, Norma Susana Quidi y Juan Carlos Ortiz Almonacid. Reclamarán que este entuerto lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros tienen sobrada experiencia en esto de resistir acusaciones desviadas por el gobierno. Paralelamente, el Congreso está por votar una suspensión por esta vez de este sistema (ver nota en página 12). A diferencia de los camaristas, la Corte no tiene ningún interés en resolver rápido el tema. En materia electoral buscan dictar acordadas indicativas de doctrina y no resolver cuestiones que son tema de tribunales de instancia menor. Esperan que la Cámara no suspenda los plazos electorales en marcha y que la sentencia del tribunal máximo recaiga cuando ya se hayan producido las elecciones, si alguna vez las hay.

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