Duras críticas al fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre vacantes en la Ciudad

Política

Distintos especialistas en infancias y en educación inicial se expresaron en contra de lo decidido por el organismo. "El Estado se está corriendo de su lugar de garante del derecho a la Educación", criticó Rut Kuitca, directora de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP).

Especialistas en infancias y en educación inicial rechazaron este sábado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra el reclamo de una madre para que el Estado porteño garantice vacante en el sistema educativo a su hijo de dos años.

Rut Kuitca, directora de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP), explicó que "la familia es la que decide a que nivel de educación mandará a su hijo, ya sea privado o estatal" y apuntó que "lo que llama la atención es que la Justicia corra al Estado como garante del derecho a la educación y le prohíba el acceso a un derecho consagrado por la Constitución nacional, la porteña y tratados internacionales".

Para Kuitca, lo decidido por el organismo "va en contra de lo que dice el artículo 24 de la Constitución porteña, la Ley de Educación Nacional, que considera un solo bloque pedagógico desde los 45 días a los cinco años y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño".

A su vez, recalcó que mediante esta determinación "el Estado se está corriendo de su lugar de garante del derecho a la Educación y de la obligación de tener vacantes para que luego las familias decidan si lo mandan a un privado a una escuela pública".

En tanto que José Machain, ex consejero en la Legislatura del Consejo de los Derechos de los Niños y secretario adjunto de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), consideró que este fallo "representa un grave ataque al Derecho a la Educación en general, y al Derecho de la primera infancia".

Asimismo, destacó que los niños tienen derecho a "acceder a su educación y cuidados de calidad, gratuita y universal, sin discriminación ni segregación de ningún tipo".

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y otros organismos de la sociedad civil convocaron a adherir a un pedido de de juicio político al TSJ.

"El fallo vulnera el derecho de acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal de miles de infancias y juventudes con total impunidad", señalaron.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna (Frente de Todos), aseguró que el fallo "violenta" la Constitución nacional y "restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución nacional y de la Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia".

El fallo del TSJ

De acuerdo al texto judicial, una madre de un niño de dos años solicitó al Gobierno porteño "que incorporara al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable de su domicilio, o en su defecto --subsidiariamente-- en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa".

La mujer fundamentó que inscribió al niño en la "sala de 2 años" en determinados establecimientos educativos pero que el 17 de noviembre de 2017 le negaron la vacante, por lo que "no se garantizó el derecho de acceso a la educación" del pequeño.

El TSJ hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de la Ciudad con el fin de revocar la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, la cual avaló la queja de la mamá.

Con los votos de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó que solamente podrán exigir vacantes en el sistema educativo porteño de gestión pública los niños y niñas de 4 años en adelante, que es la edad a partir de la cual es obligatoria la escolaridad.

Además, el tribunal consideró que las vacantes disponibles para salas de 2 y 3 años en establecimientos educativos públicos de la Ciudad deben asignarse con prioridad a familias de sectores vulnerables.

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