El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Julián Ercolini que sea elevada a juicio oral la causa Oil Combustibles contra el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, así como el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. Fue el paso previsible tras la recalificación hecha por la Cámara de Casación y el pedido de la querella del organismo recaudador para que se cierre la etapa de instrucción y el caso por la falta de pago de impuestos por aproximadamente $8.000 millones ingrese en la etapa de debate oral.
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La presentación, en la que el fiscal acusa a todos los imputados por el delito de defraudación agravada al Estado, fue hecha el pasado viernes, en simultáneo a la decisión de la justicia comercial de decretar la quiebra con continuidad de la petrolera. Y dos semanas después de que López y De Sousa (no así Echegaray) regresaron a prisión en una inédita resolución dividida de la Sala I de Casación. Pollicita, cuya decisión se espera que sea avalada por Ercolini pidió en su dictamen que se afecte al embargo de $ 17.000 millones de los bienes de los acusados, el secuestro de los mismos, el depósito y administración judicial de los bienes muebles y una tasación de su totalidad.
La acusación se sustenta en la falta de paso del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de Oil que fue generada por 4 planes (dos especiales y dos generales) de la AFIP para diferir el tributo y presuntamente ampliar su conglomerado empresarial. Pero, además, Pollicita vinculó la maniobra con otras causas que se siguen contra la expresidenta Cristina de Kirchner por sus "favores" a un "reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente" a su familia. Es un intento de ligarlo con causas como el direccionamiento de la obra pública, Los Sauces y Hotesur como parte de una suerte de maniobra integral pergeñada desde el poder K para apropiarse de fondos públicos.
Advirtió, en este sentido, al "reciclaje de activos" y sostuvo que a través de estas maniobras se "retornó una porción de lo sustraído" al Estado, como es el caso de López con el alquiler de plazas hoteleras de la familia Kirchner y la adquisición de medios de comunicación "funcionales al Gobierno" kirchnerista, afirmó en su escrito.
Oil Combustibles fue una "estructura societaria para el fraude", ya que primero se generó una "acumulación ilegítima de deuda" del ITC y luego se benefició con el otorgamiento "irregular de planes de facilidades de pago" por parte de la AFIP, indicó Pollicita.
A Echegaray, en tanto, sólo se lo acusa por la falta de control sobre los empresarios en virtud de ser el titular del organismo recaudador del momento: "Deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto", sostuvo la Fiscalía.
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