Washington (Reuters, ANSA, AFP) - Estados Unidos sigue de cerca a Osama bin Laden, y el presidente George W. Bush firmó una orden para permitir a los tribunales militares que procesen en secreto a los terroristas del 11 de setiembre y sus cómplices. Pero el juicio a Al-Qaeda provocó una insurrección entre los militantes norteamericanos por los derechos civiles que acusan a la Casa Blanca de una nueva acción liberticida.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Para caldear más el debate, el fiscal general John Ashcroft sostuvo ayer que los promotores de los atentados de setiembre son «criminales de guerra» y que deberán comparecer ante tribunales militares de excepción. «Quienes están implicados en esas acciones cometieron crímenes de guerra contra Estados Unidos y contra otras naciones», afirmó.
«Es la nueva prueba de que esta administración no respeta más las garantías que están en la base del sistema democrático», dijo Laura Murphy de la American Civil Liberties Union.
Pero no fueron sólo los militantes libertarios los que criticaron a la administración. «Estamos luchando para defender la libertad y la democracia: los tribunales militares violan los valores fundamentales de nuestra nación», tronó Barry Friedman de la cátedra de Derecho Constitucional de la New York University School of Law.
Emergencia
La decisión de Bush fue dictada por un estado de «extraordinaria emergencia» que impone pasar por encima del sistema penal norteamericano y sus garantías. Citando el riesgo de «matanzas masivas, heridas masivas y destrucción masiva de propiedades» provocadas por el terrorismo, Bush invocó poderes extraordinarios conferidos por el Congreso el 14 de setiembre.
Fuentes de la administración indicaron que las cortes marciales contra los jerarcas de Al-Qaeda no deberán «necesariamente ser públicos» y podrían desarrollarse en Pakistán y en Afganistán.
La orden de Bush prevé que sea el propio presidente quien determine la persona que será procesada por terrorismo o «por haber dado acogida a terroristas».
La deliberación promete «procedimientos justos y completos» pero, en la apelación, sólo el jefe de la Casa Blanca o el ministro de Defensa tienen autoridad para cambiar la decisión. «Los tribunales militares son un nuevo instrumento en la lucha contra el terrorismo», dijo Albert Gonzales, consejero jurídico de la Casa Blanca, especificando que la orden no se aplicará a ciudadanos norteamericanos.
Para Gonzales, ex juez de la Corte Suprema de Texas, una corte militar presenta ventajas respecto de los tribunales civiles. Entre ellas la posibilidad de proteger las fuentes que dieron las informaciones, una mayor flexibilidad en los métodos de investigación y la posibilidad de celebrar el proceso en el exterior, si se considera peligroso hacerlo en Estados Unidos.
Dejá tu comentario