La ministra de Defensa Nilda Garré sostuvo que "No es función de Defensa fijar precios" ante la acusación del juez Tiscornia por "contrabando de armas" y "fraude al Esatdo".
La ministra de Defensa, Nilda Garré, reiteró ayer que la función de su cartera "no es fijar precios" en las exportaciones de material bélico y aclaró que en la nueva causa judicial por "fraude al Estado" se tendrá que investigar si efectivamente se trató de una subfacturación de precios.
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La titular de Defensa se refirió así a la causa abierta semanas atrás por "contrabando de armas" iniciada por el juez Guillermo Tiscornia y que derivó en una nueva investigación por supuesto fraude contra la administración pública en la venta de 6.739 fusiles a Estados Unidos.
Garré volvió a aclarar que "no es competencia" de su cartera fijar precios y que si "me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me hubiera dicho que no era mi competencia".
En declaraciones radiales, la ministra de Defensa sostuvo que es "el exportador", en este caso Fabricaciones Militares, quien fija los precios y que la justicia "deberá investigar los motivos (y determinar) si hubo fraude deliberado o no".
El juez Tiscornia había involucrado a la ministra Garré en una causa por contrabando de material bélico a los Estados Unidos, hecho que fue considerado como "una jugada política" del magistrado ante el inminente pedido de juicio político de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones.
En ese sentido, Garré acusó al juez Tiscornia de "arbitrario" porque consideró que debería "tener muy claro" la competencia de la Comisión que integra con los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, encargada de emitir "una licencia previa al trámite del exportador" de material bélico.
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