Nilda Garré no tiene descanso en la recorrida por Tribunales que anticipa la investigación por el presunto contrabando y subfacturación de armas vendidas a los Estados Unidos. Ahora la política entró de lleno al conflicto. La diputada del PRO Nora Guinzburg radicó una nueva denuncia contra la jefa castrense, ahora por defraudación contra la administración pública que fue ratificada ante el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo el viernes pasado. ¿Un adelanto al pedido de juicio político?
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Antes, el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia había involucrado a Garré en la investigación por contrabando de partes y repuestos de fusiles FAL y FAP vendidos a un importador argentino radicado en Connecticut. La ministra también recibió un estilete del Congreso generado en el mismo espacio político de Guinzburg. Esteban Bullrich, diputado del PRO, giró un pedido de informes solicitando explicaciones a la funcionaria de las razones por las cuales no se habían frenado anteriores cargamentos de esas partes de fusiles enviadas al mismo importador.
La legisladora del PRO dice en su presentación a la Justicia: «Ha quedado demostrado que la ministra Garré convalidó con su actuación y firma en las resoluciones que suscribió una operación que además de irregular desde el punto de vista aduanero fue ruinosa para el Estado». Y pone el ejemplo conocido del último embarque -frenado por la Aduana- de 6.379 kilos de componentes por el que se pagaron tan sólo 2.664 dólares, un precio que considera vil y fuera de todo estándar conocido en el mercado. A diferencia de la investigación que se sigue contra Garré en el fuero penal económico, que persigue averiguar si se cometió delito restándole capacidad de recaudación al fisco, la denuncia de Guinzburg en el fuero criminal federal apunta a esclarecer las responsabilidades penales de la ministra por haber convalidado con su firma en varias resoluciones la venta a precio vil de materiales del Estado y con ello la disminución ruinosa del patrimonio de la administración pública. En el texto, la diputada sospecha que la seguidilla de operaciones de exportación -a costos reducidos- supondría una matriz de corrupción cuya metodología es someter varias exportaciones similares a subfacturación. Le pide al juez Lijo que requiera a la cartera de Defensa dictámenes específicos y legales sobre la negociación, habida cuenta de que la ministra dijo públicamente que ella no conocía la diferencia entre un fusil FAL y otro FAP. La cadena de asesoramiento para este tipo de expedientes descansa en la Unidad de Auditoría Interna a cargo del contador Jorge Argüello y del director general de Asuntos Jurídicos, Héctor Tuja. Además, la legisladora introduce en su escrito ante la Justicia federal otro indicio que ya era una de las pistas del juez Tiscornia. El papel que cumplió el Registro Nacional de Armas (RENAR) en el asesoramiento para la venta de los repuestos de fusiles. Raúl Garré, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa y hermano de la ministra, fue desde enero de 2006 (Resolución ministerial Nº 01/2006) director interino del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que controla la tenencia de armas por parte de legítimos usuarios. Finalizó su gestión el 9 de agosto del mismo año, cuando esa repartición fue transferida al Ministerio de Interior a raíz del escándalo del tirador serial (tenía licencia de portación vencida) que disparó a mansalva contra civiles en el barrio de Belgrano. El RENAR, conforme al Decreto N° 437/2000, es el organismo competente para el control de exportaciones de armas de fuego, componentes, repuestos, accesorios y municiones. Esa norma incluye sólo armamento de calibre menor al de los fusiles exportados, pero es un dato conocido que los funcionarios del RENAR tienen al día los precios de mercado de armas de todo tipo.
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