Giacomino, a juicio oral y público

Roberto Giacomino

El exjefe de la Policía Federal Roberto Giacomino será sometido a juicio oral y público por presunta defraudación a la administración pública luego que el juez federal Sergio Torres decrete el cierre de la investigación y remita el expediente a un Tribunal Oral.

En su resolución, el juez Torres también mandó a juicio a Raúl Marcelo Pigretti, Alfredo Oscar Ursaia, Daniel Adolfo Rodríguez, Vicente José Capizzi, Eduardo Augusto Bevivino, Diego Armayor, Marcelo Capizzi, cuñado de Giacomino, Ana María Capizzi, y Américo Humberto Di Blasio.

Torres los acusa por irregularidades en la contratación directa de empresas de familiares o amigos para la provisión de servicios en el Hospital Churruca y la obra social de la fuerza.

El juez hizo lugar a un pedido de la fiscalía la cual consideró que "se les imputa a los nombrados la realización de diversas maniobras dirigidas a obtener un beneficio indebido de la administración pública (en el caso la Obra Social y la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina), mediante múltiples conductas engañosas y fraudulentas".

"Los hechos en sí consistirían en que los funcionarios públicos, habrían efectuado gestiones para otorgar diversas contrataciones y compras directas, como así también licitaciones, direccionadas en favor de distintas personas y empresas, entre las cuáles se encontraban las personas físicas anteriormente nombradas", algunas de ellas de familiares de los acusados, según la fiscalía.

Según la investigación, "se habrían otorgado contrataciones y licitaciones para la informatización de la obra social de la Policía Federal Argentina, como así también para la informatización y refacción del Hospital Churruca-Visca".

"Por otro lado se habrían otorgado contrataciones para prestación de servicios de la obra social en el interior del país por servicios capitados", además que se comprobó que "sin presupuestos, ni propuestas alternativas se habría contratado a dos empresas para la provisión de servicios médicos en el interior del país".

Para Torres, "está suficientemente acreditado que por lo menos durante el período comprendido entre junio de 2002 hasta octubre de 2003, existió un acuerdo de voluntades entre entonces funcionarios públicos, que desempeñaban distintas funciones en la Policía Federal Argentina, y un grupo de personas que, a través de sociedades y empresas, eran contratadas en forma ilegal para la realización de obras, prestación de distintos servicios y compra de bienes".

"En razón de ese acuerdo, estas sociedades fueron indebidamente beneficiadas por parte de quienes tenían la administración de fondos pertenecientes a la Policía Federal , en general, ya la Superintendencia de bienestar en particular, y de esta forma, en varias oportunidades, se perjudicaron los intereses que estos funcionarios debían proteger, tanto pecuniarios y asistenciales de la comunidad de la Policía Federal Argentina", sostuvo el juez.

"Se advierte que los motivos por los cuales se intenta que esta judicatura adopte un temperamento liberatorio respecto de los procesados, son los mismos que fueron expuestos ante el Superior y que expresamente desechara al confirmar el procesamiento de algunos imputados y decretar el mismo respecto de Roberto Eduardo Giacomino", concluyó el magistrado.