Gobierno acata orden electoral de jueces

El oficialismo salió ayer a intentar bajar el tono de la polémica por las sospechas de fraude y de manipulación del escrutinio del próximo domingo 28. Aníbal Fernández levantó el guante y se comprometió a dar todas las garantías de transparencia reclamadas por la Cámara Nacional Electoral para los próximos comicios, aunque la Justicia mantiene su preocupación por posibles atrasos en el escrutinio provisional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

El ministro del Interior aseguró que los controles electorales pedidos por la Justicia son los que se realizan « siempre», por lo que adelantó que responderá afirmativamente a cada uno de ellos, para garantizar la legitimidad de la elección presidencial del domingo 28 de octubre.

«No es otra cosa que lo que se hace siempre», enfatizó Fernández, al evaluar la serie de requerimientos realizados por la Cámara Nacional Electoral para permitir que los partidos políticos puedan controlar el escrutinio provisional, que es el recuento informal que hace la cartera política la noche de la elección.

Específicamente, los jueces le pidieron el martes al gobierno a través de una acordada que autorizara que al menos un fiscal representante de cada fórmula presidencial esté presente en el centro de carga de datos; que les envíe de inmediato el programa informático que se usará para ese recuento, y un informe pormenorizado sobre el modo, el piso y el orden de carga y exhibición, ya que no lo regula la ley.

Fernández aseguró en declaracionesradiales que ese pedido es el que se hace «siempre», por lo que en esta ocasión también se acatará. «Estaba previsto, el control del software siempre se hace», destacó el titular de la cartera política, en medio de la advertencia de la oposición sobre posibles fraudes en la jornada de la elección nacional, teniendo como antecedente los polémicos comicios en Córdoba y Chaco.

Preocupación

Básicamente, la preocupación de la Justicia Electoral se encuentra en el escrutinio provisional, ya que esos datos si bien no son los definitivos, son los que «forman un estado de opinión general acerca de quiénes resultaron electos, que después no hay forma de frenarlo», según se explicó desde varios despachos judiciales.

El distrito que genera mayor alerta es, precisamente, la provincia de Buenos Aires, no sólo por los 10 millones de electores que concentra, sino por la gran cantidad de candidatos anotados en la contienda. En total, fueron habilitadas 16 listas para competir por la Gobernación bonaerense, pero son cientos los postulantes a intendente, muchos de ellos por el mismo espacio y en el mismo municipio de la mano de las colectoras.

Una situación similar se dará en Misiones y en Salta, donde la Justicia Electoral también teme por posibles atrasos a raíz de la cantidad de sublemas oficializados para la compulsa electoral. Referentes de la empresa española Indra, encargada de llevar adelante el escrutinio provisorio, reconocieron que en esas provincias se registrarán demoras por la complejidad del proceso -en Buenos Aires se eligen muchos cargos-, pero garantizaron la transparencia del sistema utilizado.

Sin embargo, uno de los principales distritos que serán seguidos de cerca es Santa Cruz, no sólo porque es la tierra natal de Néstor Kirchner, sino ante la alarma de que el caldeado clima social de la provincia haga «saltar la térmica» el domingo de las elecciones.

Ayer, el gobierno contraatacó las sospechas de la oposición y responsabilizó a los partidos políticos por no haber recibido todavía los fondos de campaña que les corresponde por ley, al sostener que incumplieron con algunos trámites obligatorios, como la presentación del «número de cuenta en la que hay que depositar» el dinero.