Alberto Fernández comenzó a imprimirle velocidad a la cobertura de casilleros que tendrán relación directa o indirecta con la Justicia. Una de las últimas vacantes en completarse será la de la Inspección General de Justicia (IGJ), lugar a donde regresará el abogado Ricardo Nissen, quien ya ocupó ese mismo cargo entre 2003 y 2005. Sin embargo, su postulación levantó críticas de la oposición ya que, pese a ser uno de los principales especialistas en Derecho Societario, en los últimos años asumió la representación como apoderado de Hotesur cuando la empresa de la familia presidencial quedó bajo investigación judicial por su actividad hotelera. Pero en el fondo la discusión elude una cuestión mucho más específica: durante su anterior paso por la función pública, Nissen restringió al máximo el marco normativo para la creación legal de empresas offshore, lo que devino en uno de los primeros enfrentamientos entre Mauricio Macri -jefe de Gobierno porteño- y el kirchnerismo.
Gobierno completa casilleros: Nissen, titular de la IGJ
Especialista en Derecho Societario, vuelve a organismo que encabezó. Lo cuestionan por afinidad con La Cámpora y desempeño en causa Hotesur. Fue artífice de controles más a sociedades extranjeras.
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Nissen fue recientemente uno de los candidatos K para disputar la banca de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura. Por ese escaño y con el voto peronista dividido, el lugar quedó para el radical Juan Pablo Más Vélez. En aquel momento, año 2018, y en una discusión mucho más reducida, había sido Juan Manuel Olmos junto a Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal quienes habían bregado por la unidad, pero no lograron que Nissen declinase su candidatura y así aspirar a derrotar a Cambiemos representado por referentes de la UCR. Apoyado por el sector más identificado con el kirchnerismo, posee excelente relación con La Cámpora y llegada directa al sector que lidera Cristina de Kirchner. Fue la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la que formalmente le ofreció el cargo que tiene bajo su órbita todo el sistema registral de sociedades comerciales y fundaciones. Dato adicional: el estudio jurídico Lorenzetti&Asociados, fundado por el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en Santa Fe, lo cuenta como asesor externo en Derecho Societario desde 2005.
Es que el abogado ha intervenido en su especialidad en litigios societarios de gran envergadura y ha asesorado a grandes empresas por lo que es hombre de consulta en ese nicho por su amplio conocimiento de la jurisprudencia en todo el país. Su enfoque es contrario a los abusos de posición dominante en las sociedades. Académicamente también ha escrito bibliografía en la que defiende de manera férrea el control estatal de las sociedades y su registración y control vía la IGJ, con el objetivo de evitar el denominado fraude intra societario (con respecto a los propios socios) o fraude a terceros mediante la remisión de utilidades al exterior. Fue empleado del Poder Judicial y en 2014 llegó a ser conjuez de la Corte Suprema.
La posición no es nueva para el abogado que tuvo el mismo cargo entre 2003 y 2005 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Allí fijó límites para que las personas jurídicas extranjeras que tuviesen actividad concreta no fueran homologadas en términos registrales con las offshore, en detrimento de estas últimas en base a controles y reglamentaciones. Durante su campaña para el Consejo fue crítico con el manejo del macrismo del Poder Judicial y apuntó directamente a los hallazgos surgidos del escándalo mundial de los Panama Papers.
Con su llegada, se revitaliza el enfrentamiento con la intención que tuvo Macri de traspasar la IGJ a la órbita porteña para poder así dar un marco regulatorio autónomo con mayores licencias, uno de los temas de denuncia permanente de Nissen. Ese decreto, con el expresidente en retirada, nunca llegó a ser firmado. Esa disputa se inició con Nissen al frente de la IGJ y la intención de Macri de fundar su propia versión de IGJ local que fue frenada en la Justicia en su momento por la fiscal comercial Alejandra Gils Carbó y nuevamente denunciada hace menos tiempo por su sucesora en el cargo, la fiscal Gabriela Boquín, quien para el macrismo significó un obstáculo no solo por su oposición a esa iniciativa, sino por su avance en la causa Correo Argentino.
La designación de Nissen llega cuestionada no tanto por su pasado, que no le cerró puertas dentro de la IGJ, sino todo lo contrario, pero sí por la representación que asumió como abogado de los hijos de la expresidenta Florencia y Máximo Kirchner en la causa Hotesur. Sin embargo, ese expediente está elevado a juicio oral sin fecha de inicio todavía.




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