Gobierno iniciará acciones legales contra petroleras que operan ilegalmente en Malvinas

Héctor Timerman.

El Gobierno iniciará acciones legales en tribunales nacionales e internacionales contra petroleras, bancos y otras empresas que estén involucradas directa o indirectamente en la explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas.

Así lo anunció el canciller Héctor Timerman, quien precisó que el objetivo general de la medida es implementar una estrategia legal, que comprenderá acciones judiciales y administrativas contra petroleras y las firmas que presten apoyo logístico y financiero a esos emprendimientos.

De todos modos, la ofensiva judicial es una medida menos contundente que la aplicación de una ley, aprobada por el Congreso el año pasado pero aún no reglamentada, que obligaría al Gobierno a sancionar a las empresas que operen en Malvinas y en la Argentina simultáneamente.

Hace un mes, ámbito.com reveló que la plataforma británica Leiv Eiriksson violó la zona de exclusión e ingresó ilegalmente en aguas argentinas. (Ver "Una petrolera británica...")

Timerman hizo el anuncio en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto a la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, ya que ese organismo encabezará el grupo de trabajo conformado para implementar la ofensiva judicial junto a la Procuración General, la AFIP, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Secretaría de Energía.

"Vamos por todos los medios a castigar y a tratar de que la leyes se apliquen, que las resoluciones de Naciones Unidas sean respetadas y que Gran Bretaña dé cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU) que habla de resolución pacífica de un conflicto de soberanía", sostuvo Timerman durante la presentación.

El canciller precisó que se iniciarán "acciones administrativas" y también presentaciones "civiles y penales a las empresas petroleras" que operen en la exploración y explotación "ilegítima" de hidrocarburos, pero también a las que brindan apoyo logístico y a las que ofrecen servicios financieros para esa actividad.

Las denuncias se harán en tribunales nacionales y "se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación los sistemas judiciales de otros países", como resultado de un equipo de investigación conformado especialmente para tal fin.

En los objetivos, Timerman dejó en claro que la estrategia judicial tiene como fin "sancionar a las empresas involucradas".

En ese sentido, durante su exposición, el jefe de la diplomacia nacional detalló que las firmas que poseen "ilegítimas licencias" para explorar y explotar el archipiélago son Falkland Oil & Gas, Argos Petroleum, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders & Southern Petroleum.

Asimismo, existen otras firmas que están "interesadas" en esta actividad, a las que el Gobierno argentino "va a poner en aviso" de esta situación.

Ellas son Amerada Hess, Murphy Oil Corporation, Cairn, Premier Oil, Anadarko, Noble Energy y British Pretoleum, que pese a ser británica tiene una estrecha relación con el Gobierno nacional argentino.

Las notificaciones de aviso de incumplimiento de resoluciones de la ONU y de la Legislación vigente en la Argentina también incluyen a los propietarios y operadores de las plataformas de perforación mar adentro -Ocean Guardian y Leiv Eriksson-, y a las firmas que brindan apoyo material a las plataformas con buques con equipamiento y provisiones.

Provisto de gráficos, finalmente mencionó a un conglomerado de firmas que ofrecen servicios financieros entre las que se encuentran bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos, y analistas de riesgo, algunas de ellas con presencia en la Argentina.

Las notificaciones y advertencias que enviará el Gobierno argentino no contemplarían las sanciones que están previstas en la Ley de Hidrocarburos (26.659), aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación en abril de 2011 pero aún sin reglamentar.

Según está estipulado en esa norma, aquellas empresas localizadas en la Argentina que tengan vínculos con las corporaciones que explotan el petróleo de las Islas Malvinas podría ser inhabilitadas durante "5 a 20 años".

Durante la conferencia de prensa, en la que sólo permitió tres preguntas, Timerman afirmó que estas medidas fueron instruidas por la presidente Cristina de Kirchner y aclaró que la Argentina "sólo va a recurrir al camino legal", por lo que espera que "se cumpla con la Ley".