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La iniciativa ordena al Tribunal de Tasaciones de la Nación "la evaluación del precio actual de la empresa que será pagado con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana S.A. registre ante la AFIP".
El comunicado informó que Lorenzino y Daura "garantizarán a todos los trabajadores de la empresa la continuidad laboral" y conservación de "todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que poseen en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo".
Además, el proyecto de ley dispone informar al juzgado nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 a cargo de Javier Cosentino sobre la situación y solicita una auditoría integral a la Sindicatura General de la Nación, de Daniel Reposo.
"El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad. Con esta medida la capacidad de Sociedad del Estado Casa de Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales", concluyó.
Según el decreto que se oficializa este miércoles en el Boletín Oficial, la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana será, en principio transitoria "por un plazo de 60 días".
En el texto, que lleva la firma de la presidente Cristina de Kirchner y de todos sus ministros, se explica que la medida se adoptó "con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio".
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