Gobierno ofrece $ 4 millones por datos de militares fugados

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecerá dos recompensas de 2 millones de pesos cada una para quienes aporten datos que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del Hospital Militar Central "Cosme Argerich".

A su vez, el titular de la cartera, Julio Alak, le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que ese cuerpo instruya a los tribunales inferiores para que no se dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al hospital militar en el que se produjo la fuga.

Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.

"Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de pesos 2.000.000 por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención" de los dos prófugos, señalaron las dos resoluciones firmadas por el ministro Alak.

El titular de Justicia y Derechos Humanos solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que "ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de tránsito al mencionado complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del Dr. Miguel Ángel Gálvez".

Alak advirtió que "los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos, ya que no existía riesgo de vida", pero que de todos modos se cumplió con la demanda judicial, a la que calificó como "injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad".

A raíz de eso, el ministro pidió a la Corte Suprema que dicte una acordada a través de la cual instruya a los tribunales inferiores para que no se dispongan traslados de imputados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central "Cosme Argerich".

Además, reclamó al máximo tribunal que solicite que los implicados en casos de violaciones de derechos humanos tampoco sean trasladados a otros centros de salud militares, sino que sean derivados al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal I de Ezeiza.

En la nota al titular de la Corte, Alak insistió en que "gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado".

En el mismo sentido, subrayó que "para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I", el cual "está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria".

Por último, solicitó que "ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente".

De Marchi se desempeñaba como jefe de la compañía comando y era integrante del aparato militar destinado al "combate de la subversión" durante la dictadura, mientras Olivera era jefe de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan en aquellos años.

Ambos fueron condenados en un histórico juicio desarrollado en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan junto con Osvaldo Martel y Julio Nieto (ambos perpetua), Francisco Del Torchio y Daniel Gómez (25 años de prisión cada uno, al igual que De Marchi) Víctor Lazo (10 años de cárcel) a comienzos de este mes.