Gobierno reanudó la negociación con Pfizer que pide cambiar ley

Política

El Gobierno busca conformar las exigencias del laboratorio para firmar un acuerdo por un millón y medio de dosis.

El Gobierno retomó las conversaciones con Pfizer para la compra de la vacuna contra el coronavirus, que se habían trabado por exigencias del laboratorio. Esta vez, las conversaciones se dieron en el despacho de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ya que alguno de los cuestionamientos apuntan a una ley más favorables para la cobertura de inmunidad que pide el laboratorio para concretar la venta de la vacuna covid-19 desarrollada por el consorcio Pfizer-BioNTech.

Además de la funcionaria y representantes de la farmacéutica, participó el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo. El ministro Ginés González García, había anticipado, la semana pasada, que Pfizer pedía condiciones “inaceptables” de acuerdo a su criterio, precisamente una ley especial además de la que ya sancionó el Congreso, conocida como la ley de las vacunas, y que además pedían la firma del Presidente, no la suya, en los contratos.

Ahora se está conversando sobre la provisión de 1.5 millones de vacunas.

El laboratorio objeta que en la ley de las vacunas se exime de toda responsabilidad a los laboratorios excepto en caso de negligencia. Ese es el término que rechaza la farmacéutica.

El Gobierno busca una solución para saldar ese inconveniente pero por ahora es reticente a modificar la norma y en cambio avanzaría sobre la posibilidad de enumerar las condiciones en el contrato comercial.

Es que el mismo artículo de la ley que se discute le otorga al Gobierno las facultades para celebrar esos contratos. El punto 4 de la norma señala: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19” y establecer cláusulas con “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

La ley estableció parámetros para la confidencialidad del acuerdo, pero a los que puede acceder la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Congreso, fija la jurisdicción internacional ante un eventual controversia y establece que el pago de indemnizaciones en caso de que surjan efectos adversos en las personas inmunizadas estará a costa del Estado argentino, a menos que se demuestre que existió “fraude” o “negligencia” por parte de las empresas.

La posibilidad de un DNU está descartada, porque no podría cambiarse una ley mediante este tipo de normas. Otra posibilidad sería determinar el alcance de “negligencia” en la reglamentación de ley, pero no conformó al laboratorio.

Aparentemente las dos partes, el Gobierno y Pfizer, buscan avanzar para concretar el preacuerdo.

La oposición, sigue también el tema del que se esperan novedades en las próximas horas.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, presentaron ayer un proyecto que propone la creación de una comisión bicameral investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del plan de vacunación contra el coronavirus en todo el país.

La iniciativa la acompañaron los diputados nacionales de JxC, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Omar de Marchi, Luis Juez, Graciela Ocaña, Carmen Polledo, entre otros.

La oposición quiere que esa comisión pueda “requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT, al Ministerio de Defensa, a Ministerios de Salud de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo otro organismo en lo que resultare pertinente”.

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