Néstor Kirchner simula que no incide sobre la marcha de la causa Triple A que, contra lo que se suponía, no empujó a "Isabel" Perón a prisión. Mandó a aclararlo cuando se presume debería ser prescindente. El gobierno logró un primer efecto: desplazar el escándalo Gerez de las tapas, pero, como un huracán, la causa podría volverse inmanejable y derivar en un enjuiciamiento hasta de Perón. Esa posibilidad engendra un malestar en el peronismo que está de campaña, que por ahora se orienta a cuestionar a los jueces Oyarbide y Acosta, pero que, inevitablemente, reprochará a Kirchner si la pesquisa enchastra al General.
«El límite es Perón.» Más como deseo que como certeza, dicen -teóricos voceros de Néstor Kirchner- los peronistas que cada tanto visitan al Presidente. Esa frontera es la que mantendría al General intocable en la causa Triple A que acorrala a «Isabelita».
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Hasta ahora, el gobierno simuló distancia. Primero, se despegó de la investigación. Toda una obviedad: ¿acaso, Presidencia debía aclarar que no influyó sobre la determinación de dos magistrados de desempolvar una pesquisa que estaba dormida hace tiempo?
Luego, tras los dos planteos del juez Norberto Oyarbide para detener a la viuda de Perón, se comprometió a acelerar el trámite de extradición. Ayer, igual, la Justicia española resolvió no encarcelar a «Isabel», aunque le aplicará una especie de arresto domiciliario.
Show revisionista
Esa negativa amaga con demorar lo que el gobierno, en teoría sin intervenir ni incentivar lo actuado por Oyarbide ni, mucho menos por el mendocino Héctor Acosta, imaginaba como un show revisionista: a falta de López Rega, mostrar a «Isabel» tras las rejas. No ocurrirá por ahora.
Igual, si se escucha a entornistas como José María Díaz Bancalari o Juan Carlos Dante Gullo, o si se rastrea lo que prefieren peronistas declarados con despacho en la Casa Rosada, la condición es que ese rebuscar en el pasado no desnude -más-debilidades de Perón.
Enlazados, hay varios factores que explican el caso «Isabel». A saber:
Acosta, el juez mendocino, aparece vinculado a los «demócratas», de esa provincia, y en el peronismo interpretan que su lupa sobre los crímenes de la Triple A tiene un objetivo preciso: justificar la acción de las FF.AA. durante el proceso a partir de una supuesta resolución del gobierno constitucional de «Isabel». Alertan, en ese sentido, que Acosta es «pro militar» y quiere « diluir la responsabilidad de la dictadura».
Sobre Oyarbide, en tanto, hay una sospecha más gaseosa: ¿actuó por voluntad propia para congraciarse con la Casa Rosada a partir de presumir que la detención de «Isabel» es un hecho que le agradaría a Kirchner? Parece una presunción ingenua, pero tiene sus adherentes. Son menos, sin embargo, que los que interpretan que el kirchnerismo incentivó la maniobra para sacar de escena el caso Gerez, en el que Kirchner se embarróhasta el cuello. Logró, al menos, desplazarlo de las tapas. Se trata de una táctica que acostumbra usar Kirchner: opacar un show con otro.
Pero, inevitable, surgió una voz disonante: como había sugerido apenas estalló el caso, Roberto Lavagna escarbó en la maniobra para sembrar disidencias en el peronismo. Hábil, el ex ministro le imputó al gobierno una intencional ideológica cargada de venganza. «Son los montoneros que Perón echó de la Plaza», castigó Lavagna en un intento, ocurrente, pero cuyo éxito está por verse, para despertar a los peronistas que se someten a Kirchner, aunque éste ignore, cuando no desprecie, a Perón y al peronismo que tiene hace tiempo herrumbrado y a la firma de Ramón Ruíz. Dijo, además, que es una cortina de humo para tapar otros problemas del gobierno.
Enfocado sobre Kirchner -quien confesó que estuvo en Plaza de Mayo el día que Perón echó «a los imberbes»-, Lavagna recurrió a un libreto que para cierto peronismo es música celestial. ¿Y si, contrariamente a lo que dicen los voceros eventuales, la causa Triple A termina enchastrando a Perón al ligarlo, como se sospecha, al origen mismo -siquiera ideológico, aunque no operativo-de esa organización parapolicial comandada por López Rega? ¿Podrá Kirchner, si eso ocurre, decir que no promovió una investigación que enjuicia para la historia a Perón? Lavagna quiere sembrar esa sospecha y el gobierno se cuida, al menos, de que no despierten las voces peronistas para hablar en su contra.
Algo se entrevé. Gerónimo Venegas, jefe de las Seis-Dos, y socio de Moyano en la CGT, pataleó contra la causa que complica a «Isabel». Lo mismo dijeron, a su turno, Bancalari, Gullo, el apoderado del PJ, Jorge Landau, y el ex guardiamarina Julio César Urien, quien se sintió dolido por los dichos de Lavagna. Otros, como el abogado peronista Juan Gabriel Labaké, cuestionaron -como lo hizo también Julio Strassera-la investigación: «Se analizó antes del juicio a las Juntas y es cosa juzgada», dijo Labaké por TV. No parece importarle a Oyarbide, a quien acusan de buscar una bandera o un salvavidas; ni a Acosta, sobre quien orientan otra intencionalidad. Sin «Isabel» detenida, la jugada podría ser un búmeran.
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