Golpe del gobierno a cerealeras: les poda 650 millones de dólares

Convencidos los Kirchner de que no tienen los votos para atornillar por ley la polémica Resolución 125 que establece el mecanismo de retenciones móviles, habilitaron a sus delegados en el Congreso a que abran el paquete y busquen una derrota airosa ante al campo. Será una negociación por una vía nueva: discutir una nueva redacción de los artículos 3° a 6° de la ley que regula las exportaciones de granos (un decreto ley firmado por Jorge Videla en 1976 que lleva el número 21.543). Esa norma se refiere al registro de las ventas al exterior y el momento en el que los exportadores deben pagar las retenciones respectivas. De paso, se llevan unos 650 millones de dólares a la bolsa estatal que pagará la corporación de cerealeras exportadoras.

En el debate futuro de esa reforma de la ley de granos, el gobierno espera abrir el paquete y cambios en el nivel de alícuotas, también en los momentos de la imposición. Es decir, una forma de discutir los llamados Mercados a Término. Los quejosos del campo entienden que el mecanismo de retenciones móviles instaurado el 11 de marzo pasado pulveriza la negociación a futuro de los granos. Esta nueva norma, si no contiene otras innovaciones, también apartaría a los exportadores de ese mercado.

Como se trata de una capitulación, el gobierno necesita una cortina de humo que distraiga al público. Para eso, entre hoy y el lunes lanzará el cañonazo: se publicará la disposición 1.487 (tiene reservado número en el Boletín Oficial) por la cual el gobierno cancela las órdenes de venta al exterior presentadas por exportadores entre octubre y diciembre pasado por granos que, según el gobierno, no habían comprado ni aún cosechado.

Maquillaje

La inteligencia interna del gobierno afirma que en esos meses los exportadores aprovecharon rumores sobre suba de retenciones y se apuraron a anotar negocios a futuro sin tener el producto. Esos embarques, de acuerdo con el cálculo de la ONCCA (oficina de control de exportaciones de granos), habrían eludido el pago de retenciones por una suma de u$s 650 millones. Esas ventas antedatadas intentó frenarlas la llamada ley Martínez Raymonda, que obligaba a los exportadores a pagar la retención cuando la venta estaba concretada. El senador Jorge Urquía fue señalado como maquillador de esa norma en el Senado para mejorar la posición de los exportadores y aliviarlos del pago de esas retenciones por u$s 650 millones. (Anteayer, a Urquía lo botaron de la titularidad de la Comisión de Agricultura.)

La noche del martes, Cristina de Kirchner recibió en su despacho al jefe de la ONCCA, el aduanero Ricardo Echegaray (despedido de la AFIP por su pelea con Alberto Abad), quien le pidió autorización para lanzar el cañonazo. También dio luz verde la Presidente para que avance esa oficina contra la Federación Agraria y el Centro de Acopiadores por, presuntamente, emitir cartas de porte -permisos de exportación- a monotributistas que negociarían montos de grandes exportadores. Lo que ocurrió el miércoles.

La estrategia no debe llamar la atención porque es la misma que aplican los gobiernos débiles cuando deben admitir la rendición: disfrazar el retroceso con movimientos de contraataque. El gobierno cree que los grandes exportadores, a quienes les ponen ahora la lupa con el reclamo de esas retenciones impagas, actuán detrás de la escena proveyendo logística y argumentos a la protesta de los chacareros que han seducido a la burguesía de las grandes ciudades. Hacerlos subir al escenario y mostrarlos como el epítome de la especulación responde a una de las tácticas inveteradas de Néstor Kirchner: «Hay que pegarle al chancho hasta que aparezca el dueño» (frase común de Domingo Cavallo en sus mejores momentos).

Echegaray apareció ayer en las comisiones de la Cámara de Diputados munido no de uno, sino de varios power points para tratar de arrinconar a los dirigentes del campo que ya han dominado la plaza de Buenos Aires, después de tomar el control del interior.

Estas medidas no son sólo humo; buscan debilitar a los protestones del campo atacándoles el bolsillo y mostrarlos reculando ante unos diputados que están desanimados porque quieren que Kirchner les muestre la luz al final del túnel. En el cálculo que hizo ayer el bloque del peronismo en el Congreso, ya han perdido 42 votos propios, a los que se suman unos 14 más de kirchneristas puros que anunciaron que quieren abrir el paquete porque si no, no pueden volver a sus casas. Abrir el paquete es avanzar en proyectos que modifiquen las alícuotas a la baja. A esos 56 diputados, de avanzar esa idea, se sumarían los diputadosdel ARI disidente que lidera Eduardo Macaluse, que están cerca del gobierno, pero lo acompañarán sólo hasta la puerta del cementerio.

Como ocurrió antes de mandar las retenciones al Congreso, los Kirchner redoblaron ayer los discursos (dos de Cristina, uno de Néstor, ante bancarios) alardeando de una fuerza que no tiene consecuencia en los hechos. Que se abra (el proyecto), pero que no se rompa.

Con el giro que implicará en las próximas horas la propuesta del oficialismo de conducir el debate de los mercados a futuro hacia la reforma de la ley de exportación de granos, el gobierno busca espacio y tiempo como para introducir una baja de las retenciones y un mecanismo que permita reconstruir los mercados a futuro. Con esa propuesta, la idea de Cristina de Kirchner, según le explicó la noche del martes al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al grupo de entornistas que entró a su despacho cuando se fue Echegaray, puede volver a los diputados menos remisos a apoyar algún proyecto oficial. También, quizás, pacificar a la opinión pública que sigue respaldando la protesta del campo.