Greco: radicalismo prepara ahora la defensa de Lavagna
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Roberto Lavagna
El caso Greco tiene dos momentos claramente cuestionables, que hoy investiga la Justicia. El problema es que esas dos puntas unen en la causa a los dos ministros.
Hacia 2004, durante la gestión de Lavagna, la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio permitió la homologación judicial de la deuda que los Greco reclamaban al Estado cuando la abogada anterior que había intervenido en el tema, María Eugenia Martínez, había presentado antes de retirarse del ministerio 38 cuadernos de prueba para demostrar que los montos reclamados por el grupo mendocino, en compensación por el incumplimiento del acuerdo de resarcimiento firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín, eran inexistentes. Los funcionarios que actuaron en representación del Estado nacional, integrantes de la Secretaría Legal, a cargo de Eduardo Pérez, y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Yolanda Eggink, «desplegaron una conducta más que sospechosa y en claro perjuicio de los intereses estatales», dice la denuncia que este año presentó el arista Adrián Pérez. Se pasó entonces de poder reclamarles a los Greco a reconocerles una deuda de $ 332 millones, que luego llegó en bonos a $ 587 millones.
La segunda instancia decisiva es cuando el gobierno envía el proyecto de ampliación de emisión de bonos al Congreso. Miceli negó que con ese instrumento se intentara pagar a los Greco y reaccionó declarando nulo todo lo actuado por los abogados del Estado en esa causa y concurriendo a la Justicia. Fue un claro intento por desviar la atención hacia Lavagna, pero no puede explicar aún el gobierno lo que los propios funcionarios de Economía habían confirmado al Congreso y al propio juez Francisco de Asís Soto, magistrado de la causa donde los Greco ejecutan al Estado: existía un proceso de pago en marcha para cancelar la deuda con los mendocinos.
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