Greco: radicalismo prepara ahora la defensa de Lavagna

Política

La relación entre los funcionarios del área legal del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Lavagna y el escándalo por el caso Greco ya no pasa inadvertida en el radicalismo. Desde que se inició la investigación por el intento de pago del gobierno de $ 587 millones a los ex integrantes del Grupo Greco a través del fallido proyecto enviado al Congreso, los radicales que frenaron esa iniciativa tuvieron continuos contactos con Lavagna; juran Gerardo Morales y Ernesto Sanz que el ex ministro y candidato a presidente por la coalición que ambos integran, que Lavagna nunca les pidió frenar la investigación.

Después de que Ambito Financiero reveló que Miceli ya había denunciado la intervención de funcionarios de la era Lavagna como Yolanda Eggink por su supuesta participación en otros hechos con metodologías similares al caso Greco -sobre todo, por las posibles responsabilidades penales de los abogados del Ministerio de Economía que derivaron en un perjuicio contra el Estado-, el radicalismo le salió al cruce la ministra.

«Coincidimos con lo que dice la ministra; nosotros lo denominamos la industria del juicio. Coincidimos con la presunta matriz perjudicial para el Estado, pero hay que buscar por qué la ministra sí manda la orden de pago al Congreso para los Greco y compararlo con la causa Meyer, por la que Lavagna no mandó ningún pedido para el pago», dijo ayer Morales.

Defender a Lavagna -o, mejor dicho, su relación con los funcionarios de su cartera que fueron imputados por la ministra- de los ataques de Miceli por el caso Greco se convirtió ya en un ejercicio habitual para el radicalismo.

Hay un hecho que incomoda desde el primer día: los principales impulsores de la coalición con el ex ministro de Economía fueron precisamente los encargados de frenar en el Senado el proyecto de ampliación de la emisión de bonos en $ 1.300 millones que había solicitado el gobierno, dentro del que estaban -según Jorge Amado, director nacional de Deuda Pública- los $ 587 millones para cancelar seis órdenes de pago a favor de las familias Greco-Bassil, titulares y herederos del ex grupo mendocino.

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    El caso Greco tiene dos momentos claramente cuestionables, que hoy investiga la Justicia. El problema es que esas dos puntas unen en la causa a los dos ministros.

    Hacia 2004, durante la gestión de Lavagna, la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio permitió la homologación judicial de la deuda que los Greco reclamaban al Estado cuando la abogada anterior que había intervenido en el tema, María Eugenia Martínez, había presentado antes de retirarse del ministerio 38 cuadernos de prueba para demostrar que los montos reclamados por el grupo mendocino, en compensación por el incumplimiento del acuerdo de resarcimiento firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín, eran inexistentes. Los funcionarios que actuaron en representación del Estado nacional, integrantes de la Secretaría Legal, a cargo de Eduardo Pérez, y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Yolanda Eggink, «desplegaron una conducta más que sospechosa y en claro perjuicio de los intereses estatales», dice la denuncia que este año presentó el arista Adrián Pérez. Se pasó entonces de poder reclamarles a los Greco a reconocerles una deuda de $ 332 millones, que luego llegó en bonos a $ 587 millones.

    La segunda instancia decisiva es cuando el gobierno envía el proyecto de ampliación de emisión de bonos al Congreso. Miceli negó que con ese instrumento se intentara pagar a los Greco y reaccionó declarando nulo todo lo actuado por los abogados del Estado en esa causa y concurriendo a la Justicia. Fue un claro intento por desviar la atención hacia Lavagna, pero no puede explicar aún el gobierno lo que los propios funcionarios de Economía habían confirmado al Congreso y al propio juez Francisco de Asís Soto, magistrado de la causa donde los Greco ejecutan al Estado: existía un proceso de pago en marcha para cancelar la deuda con los mendocinos.
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