Testigo en juicio derriba hipótesis de relación directa entre deuda de Oil y préstamos al Grupo Indalo

Política

Veedor judical hizo análisis técnico y rebatió uno de los ejes de la acusación que era que el dinero del ITC era utilizado para financiar a empresas relacionadas. Patrimonio neto "positivo" para la petrolera.

En lo que constituyó uno de los testimonios más complejos desde el punto de vista técnico-contable hasta el momento, uno de los veedores judiciales designados en el caso Oil Combustibles terminó por derribar la hipótesis de que podía establecerse una correlación directa entre la deuda por impuestos que acumuló la petrolera en planes de pago y los prestamos realizados a otras compañías vinculadas al Grupo Indalo. La cuestión había sido medular para la elevación a juicio y también para señalar de forma persistente una maniobra inicial de insolvencia. Gustavo Montanini -miembro del tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y quien fuera designado por el juzgado de Julián Ercolini- declaró como testigo a pedido de la fiscalía y explicó con solidez cada uno de los informes que confeccionó desde 2016, pero remitiéndose a los estados contables previos. También introdujo una cuestión relevante: no debían observarse los datos contables de manera aislada, sino en relación a todo el grupo económico. Y sorprendió: el patrimonio neto de Oil era superior a su pasivo, lo que indica que la compañía, en términos contables y no de mercado (que podrían ser superiores, aun) tenía activos para afrontar la deuda con AFIP.

Convocado por la querella y con un detallado cuestionario de la fiscalía que recorrió gran parte de los informes que elevó al juzgado, Montanini aportó explicaciones técnicas complejas, pero se mostró solvente para detallar los motivos por los que desde el punto de vista contable había realizado su análisis. “Desde el primer informe hicimos hincapié en que si bien éramos veedores de tres empresas, el comportamiento a analizar era de todo el grupo económico”, indicó el testigo. Pero sumó el hecho de que los préstamos entre compañías relacionadas y vinculadas deben ser técnicamente enfocados de manera distinta. Mientras una empresa asumía una deuda por un préstamo, contablemente, se capitalizaba e incrementaba valor.

La complejidad de las explicaciones a veces obligaba a repasar cada uno de los montos que habían sido consignados en los informes. “El flujo entre empresas no genera cambios en el patrimonio de un grupo económico”, desmintió uno de los ejes del caso. “Una conversión de una deuda en capital no afecta el patrimonio de un grupo económico”, reiteró en referencia a las acciones en que se convirtieron esos préstamos que siempre habían sido señalados como una forma de insolventar a Oil, pero que ahora entra en crisis con este testimonio.

Préstamos

Montanini relató que su tarea fue hacer un “seguimiento de los montos y créditos con préstamos entre empresas y la deuda que existía por Impuesto a la Transferencia de combustibles (ITC)”. “Una de las cosas complejas es la fungibilidad de los activos y pasivos. Es difícil hacer asociación”, puntalizó respecto uno de los que han sido pilares de la acusación. Por lo que los veedores habían comparados stocks y no flujos. Esto era relevante desde el punto de vista de que no podía asignarse un origen y un destino concreto a los fondos: era “imposible” señalar que la liquidez que obtenía Oil por financiar en planes de pago el ITC era el mismo dinero que se aplicaba a los préstamos a compañías vinculadas. De alguna manera ratificó lo que el propio De Sousa había declarado en su indagatoria en el juicio. Se estaban comparando cuestiones que no podían ser asimiladas y se había forzado una correlación entre ITC y préstamos que no se ajustaba al movimiento real de fondos ni de estados contables.

El testigo apuntó que eso exigía un relevamiento mucho más amplio. Fue una paradoja: la defensa de Cristóbal López y Fabián De Sousa había pedido -durante la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita- que se hiciera un peritaje contable y económico completo sobre la petrolera. Nunca se hizo lugar a la medida de prueba que hubiera sido de utilidad ayer. Es una de las grandes incógnitas que surgen ante esta complejidad, ¿por qué si se subyacen asuntos tributarios, se habla de stocks, flujos, variables económicas, estados financieros y contables, este caso no fue tramitado en el fuero penal económico especializado en esos asuntos? Otro elemento sugerente: la información que sirvió como base fue únicamente la aportada por AFIP. Las medidas que propuso Oil fueron desechadas por el tándem Pollicita-Ercolini.

Montanini aseguró que Oil tenía tres fuentes de financiamiento: sus actividades, la de las empresas relacionadas e indirectamente el Estado pese a que nunca ingresaba dinero real sino por los planes de financiamiento otorgados. Esto indicaba que no había deudas en el sistema financiero por lo que no acordaba con los argumentos de la empresa acerca de los motivos de su distress financiero, ya en 2016 y 2017. En paralelo, las defensas buscaron dejar en claro que cuando se consignó que no se pagaron los planes de AFIP fue porque la petrolera se había concursado y la ley les impedía pagarlos. Hubo roces. La fiscalía se interesó en saber si alguno de esos créditos podía ser asimilado a una distribución de dividendos, algo que estaba vedado a quienes obtenían un plan particular de AFIP. “Conceptualmente no”, respondió Montanini al describir que reglas contables son taxativas para distinguirlos.

“No detectamos ningún elemento sustancial que nos hicieran dudar de concepto de empresa en marcha”, subrayó respecto al concepto de que buscaban cuidar la continuidad de Oil porque “una empresa que no continúa no puede pagar sus deudas”.

“Sumar a estas tres empresas (por Oil Combustibles, Oil M&S e Inversora M&S) patrimonio neto negativo no es prudente si no se tiene el de otras empresas”, indicó por la consolidación de la información que era requerida para un resultado ajustado a lo real. La justicia solo había puesto en foco a tres. El especialista recomendó lo contrario. El testigo barrió así con el informe inicial de Jorge Schiaffini de la AFIP que -dubitativo y nervioso- terminó por admitir que no confeccionó él ni su equipo.

Interesados

La audiencia de ayer tuvo un capítulo paralelo. Ingresó al Tribunal Oral Federal N°3 un pedido de “abogados interesados” en presenciar las audiencias virtuales. No eran simple público. Los que pidieron ingresar bajo esa categoría fueron Juan José Ávila y Eliseo Devoto. El primero es abogado de Alberto Abad, el extitular de la AFIP y el segundo el exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador. Devoto está imputado en la causa de la jueza María Servini. El asunto dejó dudas flotando en el aire sobre las motivaciones. La fiscalía pidió inmediatamente que declare como testigo. Si asiste a las audiencias no puede luego ser convocado. Pero también resulta que no puede declarar bajo juramento si se puede autoincriminar en la otra causa. Adicionalmente, luego de declaraciones de los testigos de la AFIP ante el TOF 3 que detalló Ámbito, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la imputación penal de Néstor Sosa, a cargo de Auditoría y sindicado como el presunto responsable de falsear las auditorías en el caso Oil. Devoto, al que asiste Ávila ahora al igual que Abad, quiso hacer una presentación espontánea en calidad de abogado ante Servini. Lo mandaron de regreso porque no tenía la matrícula al día.

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