Veedor judicial reconoció asfixia a AECSA y así se favorecía Rappallini

Política

Roberto Pons testificó en el juicio Oil Combustibles y dejó el descubierto la comisión de delito del macrismo contra Indalo. Aseguró que la concesionaria de la autopista Ezeiza-Cañuelas hubiera "tenido un flujo positivo" si el gobierno de Macri no le bloqueaba aumento de la tarifa del peaje.

En su declaración testimonial en el juicio por Oil Combustibles, el veedor Roberto Pons puso sobre la mesa y ante la mirada de los jueces las maniobras durante el gobierno de Mauricio Macri que contra el Grupo Indalo.

Puntualmente, se refirió a la firma AECSA que explotaba la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, a la que Javier Iguacel le impidió aumentar la tarifa de peaje que había sido autorizada y que finalmente rescindió la concesión de manera unilateral.

Pons recordó que la concesionaria tenía un contrato que le aseguraba poder aumentar la tarifa de peajes desde 2015, algo que el Gobierno de Macri impidió. En ese sentido, dijo que tuvo a su cargo analizar una posible venta: “Consideramos que no. Que esa venta favorecía sólo al tercero. El aumento de tarifa estaba dado. Hubiera tenido un flujo positivo”, destacó.

En el macrismo así funcionaba la extorsión. Y en el caso del Grupo Indalo, además de rescindir el contrato de concesión, digitaron la prisión ilegal para accionistas y el remate de activos a precio vil.

Con respecto a la autopista apareció en escena el actual titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini. Quien pretendió quedarse con la concesión a partir de las maniobras emanadas desde las oficinas de Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel.

En cuanto a la situación de Oil Combustibles, Pons analizó que “la deuda debía ser asumida por el conjunto del grupo”, sentenció al describir que “no se financiaba con préstamos bancarios, sino a partir de sus actividades”.

“La recuperación de los préstamos (entre las compañías) recuperaba las pérdidas. Y Oil estaba en un mercado complejo con precios fijados por el gobierno y los costos dependen de precios internacionales. Puede ser una fotografía mala y en un año se revierte todo. No es una cosa tan significativa. Había períodos con pérdidas y ganancias. Si miramos para adelante un informe posterior había dado positivo”, explicó.

La declaración de Pons cobra principal valor si se tiene en cuenta que en la causa en la que se investiga la persecución al Grupo Indalo en los años de Macri, la jueza María Servini recuerda que “en el caso de la empresa AECSA - que tenía la concesión de la autopista Ricchieri -, Cristóbal López y de Fabián De Sousa indicaron que a mediados de 2016 apareció ‘Grupo Alberdi S.A.’ con la intención de adquirirla, y que su representante Martín Rappallini, había sido referenciado por el entonces Director Nacional de Vialidad Javier Iguacel”.

En su denuncia, el empresario Fabián De Sousa, uno de los accionistas de Indalo, relató en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que tres años más tarde el entonces director de Vialidad Nacional promovió la revocatoria de la concesión para actualizar el precio del peaje y volverla a tornar rentable.

Es decir, Rappallini fue partícipe de la maniobra que desde el gobierno macrista llevaron adelante para apropiarse de la concesión que estaba adjudicada al Grupo Indalo, y que se trató de una acción más de las que impulsaron desde la administración de Juntos por el Cambios funcionarios como el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el extitular de Vialidad, Javier Iguacel; para desmembrar al holding.

En su momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba tendientes a descifrar si el gobierno de Mauricio Macri buscó asfixiar al Grupo Indalo a través de decisiones como la de no autorizarle aumentos de tarifas en autopistas que tenía concesionadas para luego, directamente, revocarles la autorización para operarlas. De esa maniobra justamente es la que buscó aprovechar Rappallini para quedarse con un negocio que se intentó arrebatar a Indalo.

Las medidas le fueron solicitadas a la jueza María Romilda Servini en el marco del expediente en el que se investiga si el expresidente y su denominada "mesa judicial" persiguieron a los accionistas del Grupo Indalo para destruir sus empresas luego de que no aceptaran planteos como el de cambiar la línea editorial del canal de noticias C5N.

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