El gobernador de Tucumán, Julio Miranda, promulgó ayer una ley que obliga a los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado provincial a someterse a exámenes médicos para controlar el consumo de drogas.
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La medida no guarda en este caso analogía alguna con el mundo del deporte, donde los llamados controles anti-doping tienen la misión de evitar una ventaja, es decir, un desempeño superior a lo humanamente normal.
La norma demoró 412 días en ser aprobada por el mandatario alineado dentro del peronismo con Eduardo Duhalde.
• Obligatorio
El gobernador desempolvó la iniciativa luego de anunciar no sólo que se retirará de toda aspiración a renovar su mandato como gobernador, sino de la actividad política en general. La medida de la administración norteña prevé que «todos los funcionarios deberán realizarse con carácter obligatorio los exámenes médicos y bioquímicos para determinar la presencia de metabolitos de drogas ilegales».
El autor de la iniciativa es el legislador peronista Julio Díaz Lozano, quien defendió su proyecto al afirmar que «detrás de todo adicto hay un narcotraficante y quienes están en la administración pública no pueden estar influenciados por estos individuos». «Estas son cuestiones morales básicas, salvo que entendamos que los funcionarios trabajan mejor si están drogados», expresó Díaz Lozano, integrante del interbloque que reúne a peronistas disidentes y legisladores de la oposición.
• Cargos
La norma obliga a realizarse el control antidoping a los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta el rango de subsecretarios y en los gobiernos municipales y en los Concejos Deliberantes hasta el de prosecretario.
En los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados, obliga a la revisación hasta el cargo de gerente y en el Poder Judicial comprende a magistrados, funcionarios constitucionales y jueces de paz y en la policía incluye a todos los niveles.
El artículo uno de la ley aprobada por la Legislatura (que lleva el número 7240) se-ñala que es requisito «de permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública el carecer de adicciones a la drogas ilegales».
En el caso de que, después de someterse a los exámenes, se comprobara que un funcionario tiene adicciones, esa persona será suspendida en sus funciones «respetándose todas sus garantías constitucionales hasta que se recupere».Es más: durante la ausencia en su cargo se lo considerará de licencia.
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