Sorprendió ayer Cristina Fernández de Kirchner al impulsar con proyecto propio en el Senado la creación de la comisión que debe controlar los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente. Rechazó la senadora, inclusive, la posición que sostenía el peronismo del Senado y hasta descalificó a Miguel Pichetto por sostener que, transcurridos 60 días sin votación en el Congreso, los decretos quedarían ratificados. El dictamen que se emitió ayer exige que el Congreso vote para ratificar o derogar un DNU. Conservó Cristina, en apariencia, su postura histórica sobre el tema, aunque preservó para su marido la tranquilidad de que los decretos se mantengan en vigencia sin plazo hasta que el Congreso los trate. Es, de todas formas, un avance institucional después de 12 años de demora en comenzar con el control de esos decretos.
El Congreso avanzó ayer en reglamentar el control de los decretos de necesidad y urgencia presidenciales. La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a firmar el dictamen de un proyecto -impulsado por Cristina Kirchner- que ratifica la obligación del Poder Ejecutivo de comunicar los decretos a la Bicameral dentro de los 10 días de firmados y establece el principio de que el silencio del Congreso no implica que un decreto esté ratificado. Pero no le otorga un tiempo a ambas Cámaras para expedirse, como pretendía la oposición e incluso sostenía en 2000 la propia primera dama. A pesar de eso, el dictamen fue apoyado con disidencias por el radicalismo, que votará en el recinto a favor en general y en contra en algunos artículos, como el que fija las autoridades de la Bicameral o específicamente el que no incluya un plazo para que el Congreso se expida. El proyecto llegará al recinto el próximo 28 de junio.
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El dictamen impulsado ayer por Cristina le permitió cumplir con su postura histórica sobre el tema al negarse a ratificar la «sanción ficta» como siempre sostuvo, pero mantiene en vigencia los decretos presidenciales hasta que el Congreso no diga lo contrario. Es, de alguna forma, trasladar la carga a las Cámaras: «Estamos poniendo en cabeza del Congreso la responsabilidad de tratar los decretos. No se puede paralizar el país por culpa del Parlamento», dijo anoche la primera dama.
Es cierto que al no establecerse un tiempo para ese tratamiento por las Cámaras -la Bicameral sí tiene un plazo de 10 días para hacerlo y en caso contrario las Cámaras deben abocarse de oficio «inmediatamente» al proceso-, los decretos continuarán en vigencia «in eternum», hasta que el Congreso decida su futuro. Esto puede traer inseguridad sobre el futuro de esas normas -algo que Eduardo Duhalde conoce bien por la falta de ratificación parlamentaria de muchos de sus decretos sobre pesificación de la economía-, pero incentiva que cada presidente impulse el tratamiento en el Congreso de los DNU que firma mientras mantenga mayoría en las Cámaras.
De esta forma queda pendiente, además, otro aspecto, como la debilidad jurídica que tiene un DNU sobre algunas materias específicas, por ejemplo, si un particular damnificadorecurre a la Justicia y llega a la Corte Suprema. Ese es, quizás, el aspecto más importante para un presidente de la ratificación parlamentaria de un decreto: la cobertura legal de las decisiones que toma. En la variante que ayer se decidió para reglamentar los DNU el gobierno no obtiene el premio máximo que hubiera sido la «sanción ficta», pero consigue que éstos no pierdan vigencia en un plazo de 60 días, un principio que llevado al extremo puede complicar la gobernabilidad de cualquier presidente.
La decisión de ayer es, de todas formas, un avance institucional histórico, como incluso reconoció el radical Ernesto Sanz. Desde la reforma constitucional de 1994 estaba pendiente la reglamentación de esta comisión de control de los DNU: «Hasta ahora no teníamos nada, de ahora en más el Congreso deberá hacerse cargo de la obligación de ratificar o rechazar los decretos; podremos insistir en el recinto ante la negativa del oficialismo y habrá 16 personas de carne y hueso responsablesde que se debatan», dijo Sanz en relación a los ocho senadores y ocho diputados que integrarán la nueva comisión.
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