13 de abril 2004 - 00:00

Ibarra, de acuerdo con penas más duras

Aníbal Ibarra
Aníbal Ibarra
Esta semana, Aníbal Ibarra presentará un nuevo proyecto de modificación al código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, con el que cree mejorará la seguridad de los porteños, en sintonía con las demandas de los vecinos. Ese código reprime faltas y no delitos, que son competencia del Código Penal.

El proyecto lo terminaba de discutir ayer con su secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, para ser enviado a la Legislatura, donde piensa será aprobado a pesar de no contar con mayoría propia, porque « se han tomado ideas de todos los códigos presentados». El Gobierno porteño armó una propuesta de modificación de la ley, sobre la base de proyectos propios y ajenos.

La elección del día para esa presentación que elevará a la Legislatura depende de cómo termine la discusión entre funcionarios sobre si bajar la imputabilidad para castigar a menores a partir de los 16 años -López considera que se opone «al sistema global»- y también si aceptar o no la incorporación de una figura como «vigilancia injustificada» que permita a la Policía actuar en caso de considerar sospechosa a una persona por su actitud en un lugar determinado.

• Oposición

Hasta ahora, Ibarra se viene oponiendo a ese tipo de figuras en el código, que tampoco reúnen mayoría de votos en el recinto.

Uno de los artículos que sorprenderá por coincidencia a la mayoría opositora -que en la Capital Federal representa el bloque de peronistas y macristas- e irritará a las bancadas de izquierda es el que impondrá la reincidencia para penalizar más a aquellos que repiten las infracciones. En un principio,
López había propuesto incorporar lo que denominó «reiterancia» para castigar a los que llegan a los juzgados con varias actas de infracción, pero al parecer las nuevas demandas le hicieron descartar los eufemismos y coincidir con sus opositores en incorporar la reincidencia, incluso a la usanza del viejo Código Penal, que aumentaba en un tercio las penas y llegando a la tercera reincidencia -es decir la cuarta condena- con pena de arresto. Ese punto fue totalmente resistido en 1998 cuando se sancionó el código original y, por entonces, sentados en sus bancas, se enfrentaban Eugenio Zaffaroni -más garantista- con Gustavo Béliz, y éste con el propio Ibarra, ex vicepresidente primero de la Legislatura porteña.

• Poco castigo
Los castigos también serán motivo de discusión. Actualmente el código procesal contravencional sólo habla en general de las penas -apercibimiento, multa, trabajo comunitario, inhabilitación, arresto, etc.- y son los jueces los que deciden qué castigo corresponde a cada infracción. De ese modo, al inclinarse por el mayor beneficio, los infractores suelen ser poco castigados. La ley porteña controla desde ruidos molestos hasta portación de armas de disparo o pasar un semáforo con luz roja. El debate para modificar la norma con la idea de endurecer las penas e incorporar figuras como la reincidencia comenzó con el ingreso de la nueva Legislatura -el 10 de diciembre pasado- a iniciativa de la oposición, pero el debate -se llamó a una sesión especial- fracasó. El Gobierno porteño realizó recientemente una audiencia pública que pretendió fuera representativa de distintos sectores, como la Policía y los jueces, además de vecinos, pero se convirtió en tribuna de travestis. Ante ese otro fracaso, ahora Ibarra avanzará con la presentación del nuevo código contravencional, para lo cual ya instruyó a sus legisladores -y aliados, porque los propios no llegan a cuatro- a imponer el tema en las reuniones legislativas. Como la iniciativa para endurecer el llamado código de convivencia surgió de la oposición, que exigió un tratamiento urgente del tema, el oficialismo considera que será fácil acelerar la sanción de la nueva norma, pero por otra parte diputados de diversos bloques que tienen proyectos presentados trabajan ayer contra reloj para unificarlos en una sola propuesta que, incluso, incorporaría la versión oficial.

De una u otra manera, no pasará menos de un mes para la votación de la nueva norma en el recinto, especialmente porque se abrirá la discusión con respecto a qué pena lleva cada delito.

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