Por primera vez, tres de las querellas de la causa por la tragedia de Cromañón reclamaron en conjunto la indagatoria de Aníbal Ibarra por el delito de homicidio simple en 193 oportunidades y lesiones por omisión.
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Este es el quinto pedido de indagatoria que afronta el jefe de la Ciudad. Hace dos semanas habían hecho lo mismo el abogado Fabián Bergenfeld, quien también logró la inhibición de bienes del alcalde porteño y sus ex secretarios. También está pendiente de resolución el que impulsó José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromañón, además de Ibarra, del ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y del ex subsecretario de Justicia Marcelo Antuña.
En el escrito presentado ante el juez de instrucción Marcelo Lucini, los querellantes sostuvieron que el magistrado «no deberá demorar un día más la inevitable citación a indagatoria».
La presentación fue realizada con el patrocinio de los abogados Patricio Poplavsky, Fernando Soto y María del Carmen Verdú, quienes representan a tres de las querellas. Previo a la presentación, un grupo de familiares y amigos de las víctimas se concentró con pancartas y fotografías de los fallecidos frente al acceso principal al Palacio de Tribunales.
El contenido de la presentación es similar al realizado por Bergenfeld cuando le imputó al jefe de Gobierno el delito de homicidio culposo agravado en concurso con el de omisión de los deberes de funcionario público. «Aníbal Ibarra propició con la inobservancia de los deberes a su cargo, que sus funcionarios subalternos e inspectores también desplegaran conductas omisivas, absteniéndose de inspeccionar y clausurar a los locales explotados ilegalmente», sostuvo Bergenfeld en su pedido.
Según el letrado, las advertencias provenientes de los organismos de contralor y aún de particulares, tanto por su entidad cualitativa como cuantitativa, obligaban a Ibarra y al Secretario de Seguridad a cumplir plenamente con sus obligaciones que «no podían ser más importantes que las de resguardar la seguridad de los adolescentes que por millares concurrían, y aún concurren, a los locales clase C».
Por otra parte, los familiares imputaron a Ibarra, López y Antuña los delitos de presunto homicidio y lesiones «por omisión», ya que aseguran que en el sumario existen más «pruebas concretas» de «alertas institucionales» sobre «la específica y concreta situación en la que se encontraban los numerosos locales bailables de la Ciudad».
Los querellantes consideraron que esas desoídas «alertas institucionales» son las mismas que tuvo en cuenta el juez Lucini al procesar a los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández, Gustavo Juan Torres, Rodrigo Cosan, Alfredo Ucar y Víctor Daniel Tellas.
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