La Legislatura de la Capital Federal porteña debatirá hoy una declaración para respaldar a Aníbal Ibarra en la clausura de salas de bingo que violarían una ordenanza que prohíbe tener instaladas máquinas tragamonedas. Los artefactos generaron un duro cruce de demandas judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema, pero la Ciudad de Buenos Aires no logra desalojar las máquinas instaladas en bingos y agencias de apuestas hípicas. Ibarra impulsa ahora la creación de un instituto porteño que regule y controle los juegos azar, una idea emanada de la Constitución local, que ya tiene una demora de al menos cinco años, con la convicción de que las apuestas generarán un ingreso de $ 100 millones al año. La norma para dar curso al organismo se debatirá la semana que viene.
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Hoy los legisladores porteños avanzarán sobre los juegos al buscar acuerdo para pedir que se clausuren las salas de bingo, sobre la base de la Ordenanza 46.477 referida a la habilitación de esos locales. Consideran que el convenio que mantienen los bingos con Lotería Nacional no tiene nada que ver con el permiso para explotar las «tragaperras» y así se lo manifestaron a la supersecretaria de Control Comunal, Silvana Giudice, pero no lograron la clausura, excepto en una discoteca. La ordenanza que quieren desempolvar fue sancionada en 1993 y expresa que las salas de bingo sólo pueden funcionar con ese juego y prohíbe «el funcionamiento de aparatos de entretenimiento eléctricos, electromecánicos y/o electrónicos sea cual fuere su tipo, que no sean de uso exclusivo para el juego específico».
Mientras que el Gobierno porteño no puede recaudar de la actividad en su propio territorio, una ley prohíbe la instalación de tragamonedas y de casinos en la órbita porteña, El proyecto de la norma de creación del Instituto de Juegos de Azar, que será un ente descentralizado, establece que el organismo se conformará por un directorio de siete miembros y tres gerentes, quienes serán designados y removidos por el jefe de Gobierno porteño y durarán tres años en sus puestos. Además de reglamentar las apuestas en la Ciudad, el ente puede crear nuevos juegos de azar para su explotación. La ley tiene preferencia para ser sancionada el próximo 29 de agosto, pero algunos legisladores quieren presentar, asimismo, una modificación a la Norma 538, la ley del juego, para quitarle a Ibarra la exclusividad de tener la iniciativa de solicitar la instalación de casinos en la Capital Federal. Así lo determinó la norma en su momento tras un duro debate en el cual el radicalismo defendía la posición de Fernando de la Rúa, cuando siendo jefe de Gobierno porteño clausuró el casino flotante. La Justicia consideró que las aguas del Río de la Plata no pertenecían a la Capital Federal y, por esa razón de jurisdicciones, la sala sigue funcionando a pleno.
Ibarra quiso recaudar, mediante un convenio, algo del producido de la ruleta, pero los legisladores se opusieron a refrendar ese acuerdo con Lotería Nacional.
La idea ahora es que la Ley 538 sería anticonstitucional al quitarles a los diputados la iniciativa legislativa; por eso, algunos la quieren cambiar en función de otro proyecto de ley para impulsar la creación de un polo turístico, que incluiría, claro, un casino para los visitantes.
Otro de los intentos de Ibarra fue que los legisladores aceptaran la instalación de ruletas, pero exclusivas para turistas. Tampoco avanzó la idea.
En la actualidad, con las tragamonedas funcionando y expedientes judiciales que van y vienen, los diputados porteños y el propio Ibarra avanzarían en la creación del instituto.
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