Ibarra: "El juicio es un golpe institucional"

Aníbal Ibarra esta tarde durante su alegato en la Legislatura.

En una audiencia que tuvo pasajes de mucha tensión, los fiscales del juicio político a Aníbal Ibarra pidieron hoy la destitución del suspendido jefe de Gobierno y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, al considerar "largamente probado el mal desempeño de sus funciones".

Pese a que los fiscales Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto indicaron que las "acciones y omisiones" de Ibarra contribuyeron a que se desatara la tragedia de Cromañón, los abogados defensores del funcionario pidieron su absolución y cuestionaron en duros términos la instrumentación del proceso.

El propio Ibarra, por su parte, se presentó ante la Sala Juzgadora y denunció que el proceso de juicio político iniciado en su contra constituye un "golpe institucional".

"Este juicio solamente sintoniza con los intereses de un sector político que quiere la destitución del jefe de Gobierno. Y esto es un golpe institucional", remarcó Ibarra, cuyo descargo fue seguido atentamente por familiares de las víctimas de Cromañón.

De hecho, Ibarra denunció en un pasaje de su descargo que sus dos hijos menores fueron "amenazados de muerte", lo que desató la ira de los familiares y terminó provocando una orden del presidente del cuerpo, el juez Julio Maier, para desalojar la sala.
Con las cartas echadas sobre la mesa, la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña entra ahora en un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de marzo, a partir de cuando tendrá un plazo de cuatro días para dar a conocer el veredicto final.

Para destituir a Ibarra, la Sala Juzgadora debe reunir el voto afirmativo de al menos 10 de los 15 integrantes del cuerpo.

La audiencia de esta jornada, una de las más importantes en lo que va del proceso, comenzó con una sorpresa: el legislador zamorista Gerardo Romagnoli, que había renunciado a integrar la Sala Juzgadora, se hizo presente y escuchó los alegatos de la fiscalía y la defensa de Ibarra.

En este contexto, el legislador Jorge Enríquez, al pronunciar la primera parte del alegato de la fiscalía, sostuvo que si la Sala Juzgadora accede al pedido de los acusadores, "se habrán fortalecido enormemente" las instituciones en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía, integrada por los legisladores Enríquez, San Martino y Devoto, basó su argumentación en que la gestión de Ibarra, según señaló, manejaba "impune y caprichosamente" las inspecciones a locales y a partir de sus políticas se gestó un "estado bobo".

"Ibarra manejó en su gobierno la arbitrariedad como método de control", enfatizó el legislador Enríquez.

El legislador sostuvo que "la línea directriz de la política ibarrista era que algunos locales inspeccionados no pudieran ser clausurados" por lo que, según dijo, "los cromañones crecieron como hongos".

Entre los argumentos que utilizaron los acusadores, se incluyeron fallas en la planificación de los controles de los boliches, responsabilidad que -según consideraron- "la Constitución pone directamente" sobre el jefe de Gobierno.

Para la fiscalía, Ibarra hizo "abandono de mandato constitucional" ya que -indicaron- desarmó la estructura de control cuando denunció un "focazo" de corrupción en el área, pero luego no habría recompuesto la capacidad de la Ciudad de realizar inspecciones y verificaciones.

Los fiscales acusaron al suspendido jefe de Gobierno de "obrar más atento a los flashes de las cámaras" que a la efectividad de los controles que, según señalaron, se realizaban "con discrecionalidad".

También sostuvieron que Ibarra nombraba "familiares y amigos" en las áreas de control.

Además, Enríquez vinculó durante el alegato esa situación con actos "linderos con la corrupción".

"Era muy permeable con el sistema implementado a que se pudieran dar algunos hechos que seguramente en alguna instancia se demostrarán y que eran linderos con la corrupción", dijo.

El legislador consideró además que las políticas de control se acordaban "con aquellos a los cuales debían ejercer las funciones de verificación y de inspección".  

Acusaron también a Ibarra de actuar con "indolencia y despreocupación por el destino común".

Enríquez destacó en el alegato que luego de la tragedia del boliche República Cromañón, se realizó una mayor cantidad de inspecciones, en el marco de una verdadera "planificación", lo que -argumentó- no ocurría anteriormente.