Ibarra separa de su Gobierno a los jubilados de privilegio

Aníbal Ibarra, que sueña con una candidatura presidencial, emprende ahora una batería de normas «éticas» para estar a tono con las campañas por votos y terminar de darle un carácter generacional a su movida: no quiere gente de la tercera edad como, por caso, los jubilados. Ayer firmó un decreto que impide a los funcionarios de mayor jerarquía cobrar un sueldo del Gobierno de la Ciudad y a la vez una jubilación, cualquiera sea el monto y el régimen especial o no por la que se adjudicó. Se sabe de las preferencias generacionales del frepasista, quien armó su staff teniendo en mente el día de nacimiento de sus secretarios para que no superaran el promedio de 40 años (supera la marca, es Aldo Neri, titular de Salud con más de 60, pero no está cobrando como jubilado).

Antes de acordar la redacción de esa norma, el frepasista se puso al tanto de la situación de sus funcionarios más cercanos, por caso si Jorge Telerman recibía algún beneficio de ese tipo por haber sido diplomático durante el gobierno de Carlos Menem. Igualmente le auguran que tendrá alguna sorpresa de propios y ajenos de acuerdo a un listado que no quiere revelar por ahora el Gobierno de la Ciudad.

Avanzará más aún en ese sentido la Legislatura porteña con la sanción de una ley que abarcará a todos los empleados del Gobierno porteño en esa situación, una norma entendida como ética, ya que no provocará en principio, ahorros en el presupuesto, ya que la Ciudad no es la que paga haberes jubilatorios.

El frepasista remozará con su firma un decreto de la época en que Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno de la Ciudad e impondrá a los funcionarios de mayor jerarquía, que estuvieran cobrando haberes previsionales de un régimen de privilegio, que renuncien a percibirlos o que dejen de cobrar la remuneración del gobierno porteño.

La medida además irá acompañada de un pedido de informes y una ley de ética pública que impulsa el Frepaso en la Legislatura porteña, para la cual pedirán hoy preferencia de tratamiento para sancionarla la semana que viene.

La legisladora Vilma Ibarra, hermana del jefe de la Ciudad presentó el proyecto para pedir informes sobre si se cumplió el decreto de De la Rúa, que permitía en aquel momento, hace dos años, que los funcionarios que cobraban jubilaciones especiales las donaran.

A eso la diputada, junto con el peronista-kirchnerista Alberto Fernández, pedirán la sanción de la ley de ética pública que en sus artículos veta la posibilidad a empleados de cualquier rango en la administración de la Capital, a que cobren los dos haberes.

En esa situación, de acuerdo al listado que manejan en el Ejecutivo y en la Legislatura, habría tanto subsecretarios como directores de organismos de control y entes autárquicos de la Capital que pertenecerían a distintos partidos políticos.

El decreto que firmará hoy Ibarra en reemplazo del que había hecho De la Rúa, no pone límite a los haberes jubilatorios que podrían estar percibiendo los funcionarios, desde director general adjunto, gerente o subgerente hacia arriba, sino que determina directamente que «no podrán beneficiarse simultáneamente con el sueldo y un haber jubilatorio».

La opción para los funcionarios, que alcanza a ejecutivos de organismos descentralizados como la Auditoría porteña, la Corporación Buenos Aires Sur y otros, será renunciar a uno de los dos haberes. Una vez que elijan no podrán arrepentirse por seis meses, de acuerdo a la norma del frepasista, salvo «el cese en la función».

Como adicional, Ibarra decretará que a partir de la publicación del decreto y en un plazo de un mes, todo el personal de su gestión al que alcance la norma deberá presentar una declaración jurada sobre su situación en ese sentido.

Esta decisión del jefe porteño se chocaría hoy con el pedido de informes que solicita la diputada Ibarra, ya que la legisladora quiere informes sobre cómo se cumplió el decreto de Fernando de la Rúa, ya que la nueva disposición deroga la de la gestión radical.

Además, la Alianza buscará aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto similar al porteño, que prohíbe a los beneficiarios cobrar una jubilación de privilegio cuando haya retornado a la actividad laboral. La iniciativa acordó que aquel que retorne a la actividad laboral no podrá percibir un haber superior a $ 600.