Gestión in extremis de la UIA con Máximo y Massa para rebajar el impuesto a las grandes fortunas

Política

Miguel Acevedo y Roberto Urquía (AGD) visitaron Diputados en silencio la semana pasada. Respuesta: "si hay cambios será para recaudar lo mismo o más".

Resignado por el dictamen favorable que obtuvo el proyecto de ley de impuesto extraordinario a las grandes fortunas el establishment jugó sus últimas cartas y las más fuertes con el propósito de mitigar los alcances del tributo: los cuñados Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Roberto Urquía, mandamás de Aceitera General Deheza, se reunieron la semana pasada en privado con Máximo Kirchner y Sergio Massa para impulsar una limitación de los alcances de la nueva imposición a las riquezas personales y quitarla de las acciones de sus compañías asociadas a una actividad productiva. Esa gestión se sumó a la de ambos ejecutivos junto a otros referentes del empresariado con Alberto Fernández en una cena en la quinta de Olivos a fin de septiembre.

En la conversación más técnica con Kirchner y Massa, los ejecutivos dieron a entender incluso que si no se hiciera esa distinción el impuesto consagraría una aparente inequidad: al tiempo que gravaría patrimonios argentinos destinados a la inversión productiva dejaría de lado a los accionistas del gran capital externo asentado en la Argentina. El legislador se manifestó abierto a escuchar la propuesta pero devolvió como respuesta inicial que cualquier cambio será analizado en tanto y en cuanto contenta como resultado fiscal el mismo o mayor al que se propone el proyecto que presentó Carlos Heller.

El proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas prevé cobrarles por única vez a menos de 10 mil súper ricos una tasa de 2% a los patrimonios de las personas físicas con más de 200 millones de pesos; de 2,25% a los de entre 300 y $400 millones; de 2,50% a los de entre 400 y 600 millones de pesos; de 2,75% a los de 600 a 800 millones de pesos ; de 3% para los que cuenten con entre 800 y $1.500 millones; 3,25% a los de 1.500 a 3 mil millones de pesos, y de ese monto hacia arriba, 3,50 por ciento. Según la AFIP con ese tributo se podrán recaudar 307 mil millones de pesos, equivalentes a más de un punto del PIB de este año, con afectación específica a la emergencia sanitaria, programas de desarrollo en barrios populares, becas Progresar y a planes de exploración y desarrollo de gas natural.

Los intentos in extremis y bajo reserva de Acevedo y Urquía, la semana pasada, fueron los primeros de alto nivel después del dictamen favorable que obtuvo la iniciativa el 25 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Además del encuentro en Diputados con Máximo Kirchner y Sergio Massa los ejecutivos habían cenado el 28 de septiembre con Alberto Fernández en Olivos, junto a otros ejecutivos, con una agenda similar, según La Nación. Antes, varios líderes del sector empresario como Jorge Brito (Banco Macro) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía) habían procurado lo mismo con Heller y otros legisladores, sin éxito, como publicó BAE días atrás.

Incluso habían hecho llegar una propuesta para que los accionistas de empresas extranjeras quedasen alcanzados de igual modo que los locales a cambio de una morigeración de las tasas, lo que se descartó por inviabilidades legales. Ante ese escenario los líderes de la UIA y AGD centralizaron su gestión en evitar que quedaran gravados por igual las riquezas personales y las participaciones accionarias en establecimientos productivos. Según Acevedo el texto del proyecto permite inferir que pueden considerarse dentro de la fortuna de una persona máquinas compradas pero aún sujetas a deudas, lo que implicaría un desaliento para la inversión productiva.

La exposición pública de este argumento quedó a cargo de Carolina Castro, nueva estrella del Comité Ejecutivo de la UIA y proveniente del rubro autopartista. En su cuenta de Twitter objetó el proyecto por entender que “se tributa por autos, casas, plata en bancos, bonos, pero también por tornos, puentes grúa, galpones, CNCs, inyectoras, transformadores” entre otros insumos, y agregó que “en una pyme industrial hasta el 70% del aporte puede ser por haber invertido en fierros que dan empleo”.

Sin embargo, los autores de la iniciativa destacan que según el texto aprobado en comisión sólo quedarán alcanzadas por el tributo las personas con participación en una empresa con una cantidad de bienes superior en 200 millones de pesos (el límite inferior del tributo) a las deudas. Si la misma persona tuviese un socio y entre ambos contaran con una participación de 100 millones de pesos (por arriba de las deudas) cada uno, tampoco quedarían alcanzados.

En el Ejecutivo manejan datos que abonan la noción de gravar las grandes riquezas y dan por tierra con la eventual victimización de los ejecutivos: de las declaraciones de las 12 mil personas con patrimonios mayores a $200 millones surge que totalizan fortunas por un total de 73.613 millones de dólares, lo que equivale al 14% del Producto Bruto. De ese total, según la información oficial, 79% se encuentra fuera de la Argentina como consecuencia de años de maniobras de fuga de capitales.

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