Indultos: PJ resiste desafío de izquierda

La oposición del Congreso ya tiene preparado otro señuelo para desafiar por izquierda al gobierno de Néstor Kirchner con la revisión del pasado. A menos de una semana de la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final, la alianza del PC con el trotskismo -que precipitó la nulidad de aquellas leyes del perdón-, ex chachistas y una minoría de la UCR reclaman borrar los indultos de Carlos Menem.

El PJ, a diferencia de lo que sucedió con estas iniciativas votadas durante la gestión de Raúl Alfonsín, no está dispuesto a prestarse a este debate, si bien prefiere guardar un bajo perfil. El criterio oficial lo adelantó el diputado Ricardo Falú en la misma reunión de Labor Parlamentaria del martes 12, que sirvió para acordar entre los principales caciques legislativos darle rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y voltear las normas que exculparon a oficiales denunciados por viola-ciones a los derechos humanos.

«No vamos a avanzar una coma más», se plantó Falú en nombre del bloque justicialista cuando Patricia Walsh (Izquierda Unida), Alicia Castro (Frente para el Cambio), el socialista Jorge Rivas y la arista Marcela Rodríguez interrogaron sobre la voluntad de la primera minoría de incluir en esta remake de la máquina del tiempo la anulación de los indultos a los comandantes en jefe del denominado Proceso.

• Sinceramiento

«Nosotros llegamos al límite de la Constitución y fue un gran esfuerzo lograr consensos en nuestra propia bancada», se sinceró el tucumano. Con Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari y el radical Jesús Rodríguez de testigos, concluyó: «Si quieren pedir otra sesión especial o presentar un proyecto referido a los indultos, háganlo, nomás», concluyó Falú.

La izquierda, el ARI de Elisa Carrió ( José Vitar) y algunos correligionarios como Margarita Stolbizer, más simpatizantes extramuro de Kirchner, como la frepasista Nilda Garré, siguieron con el plan, a pesar de la advertencia de no cola-boración peronista.

El antecedente de la nulidad de las leyes del perdón sirvió de poco. En aquella oportunidad, el pretexto para que el PJ hiciera propia la inquietud de Walsh y compañía fue que la Corte había hecho saber que no trataría la eventual inconstitucionalidad de esas normas en el corto plazo, mientras no estuvieran completo el staff de 9 jueces, fuera por la vacante que aún no cubrió Eugenio Zaffaroni o por la posible suspensión de Eduardo Moliné O'Connor, en el marco del juicio político en su contra.

El apuro gubernamental por reabrir procesos en el país por supuestas violaciones a los derechos humanos en la dictadura terminó de unir a peronistas y opositores, a excepción del grueso de la UCR y los partidos provinciales que se abstuvieron (el neuquino Pedro Salvatori, del MPN) o votaron en contra de la nulidad insanable de las leyes, entre ellos, los senadores Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y Pablo Walter (Recrear-Tucumán).

En defensa de su propuesta, Stolbizer subrayó que «sería una flagrante contradicción que, tras la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, puedan ser juzgados algunos militares y los máximos responsables continúen beneficiados por los indultos». No obstante, los peronistas aseguran que, al votar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, se habilitó a los Tribunales a declarar inaplicables las leyes del perdón y los mismos indultos.

Ayer, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le dio una buena noticia al Ejecutivo sobre la polémica nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. Su dictamen puede influir en el ánimo del máximo tribunal, una vez que se avengan a estudiar la validez de aquellas normas. En declaraciones al diario mendocino «Los Andes», Becerra aseguró que «ambas leyes son inconstitucionales, porque en el país existe juzgamiento, condena o absolución. Existe amnistía que extingue la acción o indulto que extingue la pena, pero el Punto Final y Obediencia Debida es una arquitectura que no existe en ningún texto jurídico o constitucional», sentenció el jefe de los fiscales.

• Impacto político

No resultó tan contundente cuando se le preguntó si el Congreso puede anular leyes -tal cual sucedió con las normas del perdón-o si esta facultad le corresponde al máximo tribunal. «Si se sigue mi dictamen, es la Corte la que debe declarar la inconstitucionalidad y la anulación de las mismas en virtud del artículo 29° de la Constitución», comenzó Becerra.

«Sin embargo, la anulación por parte del Congreso tiene un significado de gran impacto político y no me corresponde en esta instancia opinar sobre la eficacia jurídica de tal decisión», deslindó responsabilidades el procurador general.