El Congreso reaccionó ayer contra las «cajas» y privilegios sindicales. Senadores de la oposición lanzaron una ofensiva para volver a obligar a los gremialistas a declarar sus bienes. Es una movida -por ahora, testimonial-contra la resolución de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, de suspender esta exigencia establecida durante la gestión de Patricia Bullrich en tiempos de Fernando de la Rúa. El tucumano Pablo Walter (Fuerza Republicana), junto al renovador salteño Ricardo Gómez Diez, presentó una iniciativa denominada Transparencia Sindical, en la cual no sólo reestablece el régimen de declaración jurada sino que lo hace extensivo a la pareja e hijos. Por otra parte, promueve el control de los estados contables de las asociaciones gremiales. «Los estatutos deberán incorporar progresivamente mecanismos participativos -señala en el articulado-que permitan amplia difusión para trabajadores, afiliados y no afiliados» de los balances. Para desmentir cualquier rasgo de supuesta inconstitucionalidad de la norma, Walter sostuvo en los fundamentos que la doctrina -y cita a Germán Bidart Campos-subraya que «las asociaciones sindicales son entidades de derecho público y sujetos auxiliares del Estado».
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En el mismo sentido, se conoció otra propuesta, cuya autoría corresponde al radical disidente Gerardo Morales (Frente Cívico-Jujuy). Morales señaló que su intención «apunta a reparar el fuerte daño hecho a la transparencia por una resolución del 28 de octubre del Ministerio de Trabajo, que liberó a los gremialistas de declarar el patrimonio». Informate más
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