Insólito: D'Elía ahora protege a propietarios

Después de la ocupación de departamentos en el barrio porteño de Flores, el Gobierno investiga a funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad por denuncias de supuestos pedidos de coimas.

La usurpación de 87 viviendas en el Bajo Flores, la madrugada del martes, detonó en el gobierno nacional un temor: que el episodio -donde advierten una clara «intencionalidad»- ocurrido en la vidriera de Capital Federal genere un efecto contagio en otros puntos del país.

La primera reacción fue el comportamiento de la Policía Federal, que apareció en la zona de los saqueos con poco personal, permaneció un momento y luego se retiró. Tampoco, como ocurrió en otros hechos similares registrados, intervino la Gendarmería.

Ambas fuerzas dependen del Ministerio del Interior, que siguió los sucesos minuto a minuto. Aníbal Fernández mantuvo informado a Néstor Kirchner quien, durante las horas bravas de los saqueos y los desmanes, permanecía en Caracas, Venezuela, en gira oficial.

Es un dato recurrente: Fernández instaló el concepto de exposición de fuerza sin uso de la fuerza. Revela el pánico real del gobierno a la reacción callejera y, en paralelo, a una acción desmesurada de la Policía, cuerpo que -como de todo lo uniformado- el Presidente sospecha.

Por ese motivo, desde la Nación le hicieron reproches a Jorge Telerman. Fue un doble reproche: porque no apuró como debía, decían ayer, la entrega de las viviendas que ya estaban en condiciones de ser habitadas; y porque no se dispuso un cerco de custodia en torno a las viviendas.

«Las torres están en medio de tres villas... era inevitable que ocurriera. ¿Por qué no lo previeron y pusieron más custodia?», se preguntó, con un guiño, un funcionario que, a su vez, hizo un llamado de atención porque en el último mes en la Capital hubo tres acciones similares.

Hubo un caso en la Villa 21 de Barracas, otro en la 31 bis de Retiro y, anteayer, el incidente del Bajo Flores. Así y todo, en Nación no trazan un hilo conductor entre los tres episodios. En los dos primeros asuntos intervino, como responsable del área, Luis D'Elía.

Ayer, en el revuelo de versiones, se apuntó a un dirigente cercano al subsecretario de Tierras y Hábitat Social como implicado en los hechos. Se trata de Guillermo Villar, titular de la Coordinadora de Villas de la Capital, aliado político de D'Elía.

Villar fue un poderoso aliado de Aníbal Ibarra, quizá el único que lo escoltó hasta su derrumbe final en el juicio político que lo sacó del gobierno. Ese día, militantes comandados por Villar estuvieron fuera de la Legislatura apoyando al ex jefe de Gobierno porteño.

Ese grupo tiene una pésima relación con Telerman, a quien consideran «un traidor».

De inmediato la sospecha llegó hasta el piquetero que es funcionario. Pero Claudio Freidin, titular del Instituto de Viviendas de la Ciudad (IVC), negó por radio todo posible vínculo entre D'Elía y los hechos. También lo hizo el propio funcionario.

Simplismo

La trama detrás de la usurpación es más compleja que esa linealidad. También es un simplismo de D'Elía imputar al diputado Cristian Ritondo, peronista que escolta a Mauricio Macri.

Hoy por hoy, el macrismo peronista parece mejor aliado de Telerman que el propio gobierno.

«No me manejo con punteros políticos», respondió ayer Macri a las imputaciones de D'Elía y cambió el foco: acusó al gobierno porteño de «negligencia en la gestión» al sostener que «si se hubieran adjudicado» las casas terminadas «no hubiera pasado esto».

Entre las elucubraciones para intentar detectar el origen de la maniobra y, además, entender si se trató de una acción política o sólo delictual -fue, posiblemente, una combinación de ambas-, el gobierno nacional se puso en alerta para evitar hechos similares.

Con el Plan Federal, que financia el gobierno a través del Ministerio de Infraestructura de Julio De Vido, sólo en la provincia de Buenos Aires está en marcha la construcción de 43 mil viviendas, mayoritariamente en el conurbano bonaerense, para urbanizar villas.

Son recurrentes las usurpaciones o los intentos de usurpaciones, y en Nación temen que el caso del Bajo Flores, que todo el país observó por TV ante la inacción policial, pueda generar casos similares. «A veces por necesidad, a veces por especulación política o negocio», dijo ayer D'Elía.

Hay un dato cierto: a nivel nacional hay un déficit de 3,5 millones de viviendas. Vale mirar un caso: cuando estaba a punto de licitarse la construcción de viviendas en la Villa 21 de la Capital, varias familias se instalaron en los terrenos donde se montaría un complejo.