Insomnio oficial: comenzó el operativo sindical para sacar ventajas antes del Pacto Social

Hasta el menos avisado lo advertía: es una ingenuidad anticipar un pacto social, entendimientos colectivos que congelarán variables sin haber contenido antes a sus principales participantes. Casi de manual, hasta este diario lo señaló. Y, como era de prever, los veloces sindicalistas ya se lanzaron a las pistas de la demanda: juran estar de acuerdo con cualquier convenio oficial -se habla de fijar incrementos salariales de 12% a 15% al año-, pero siempre y cuando antes se reacomoden los sueldos. No vaya a ser que en la fotografía no salgan en el primer plano. Tal vez este acoso inminente fuera objeto de estudio, anoche en Olivos, cuando Cristina de Kirchner empezaba a borronear ideas generales (ya provistas, entre otros, por empresarios y el ministro Carlos Tomada) sobre un pacto que sueña ser mejor que el de La Moncloa. Finalmente, lo van a suscribir argentinos. Y aspira a reunir voluntades múltiples, indiscriminados patriotas, corporaciones de todo pelaje, institutos varios, hasta partidos si es necesario; después de todo, ¿quién puede estar a favor de que persista la inflación, herencia a no mencionar que el esposo le deja a la esposa? Pero antes de la convocatoria, pícaros gremialistas ya exigen acomodar salarios, sea a través de premios, bonificaciones o sencillos y demoledores aumentos. Empezó la función que no sabe de distintivos entre "gordos" y no gordos, entre Hugo Moyano y adversarios, ni siquiera entre CGT y CTA: todos piden un plus, obtener ventajas antes de llegar a cualquier tipo de firma (a su vez, los empresarios ya pergeñan su propio logro, una suerte de subsidio a través de un banco que les financie proyectos a tasa baja). Lo de siempre, amparados los tempraneros en esa ansiedad que generosamente reveló Cristina de Kirchner para evitar, en su gobierno, la mayor cantidad de pujas sectoriales. Como si la economía se pudiera detener, no fuera dinámica. Tan clara esa realidad como la que enfrenta el marido de la dama: si no frena ahora la escalada de los sindicatos, quizás el 10 de diciembre sea menos festivo de lo que se imaginaba.

Hugo Moyano

«Yo sé que con esto estoy firmando mi sentenciade muerte.» La frase, atribuida al metalúrgico José Ignacio Rucci al rubricar -por un pedido expreso, desde el exilio, de Juan Domingo Perón- en 1973 el Pacto Social con José Ber Gelbard, persigue al camionero Hugo Moyano.

El formato cristinista que, con matices y distancias, trata de recrear un pacto similar, no supone para el jefe de la CGT -como para Rucci- una muerte trágica perforado por 33 disparos. Más terrenal y aggiornado, Moyano le teme a una especie de «muerte política».

Sin precisiones sobre el esquema que imagina la Casa Rosada, el camionero entrevé el acecho de una trampa: sospecha, juntando datos aquí y allá, que le pedirán que actúe como el garante sindical de un acuerdo de salarios que «bloquee» las paritarias.

De algún modo, que actúe como Rucci lo hizo en el 73, cuando avaló como jefe de la CGT un único acuerdo salarial. Fue entonces cuando el metalúrgico habló de «sentencia de muerte», hipótesis que pocos meses después se confirmó de un modo sangriento.

Algo es claro: el rol de ser el Rucci de 2008 a Moyano no le simpatiza en absoluto. Por esa razón, agotó su domingo de descanso defendiendo las paritarias con el argumento remanido de que los acuerdos salariales gremio por gremio no generan inflación. Eso, al menos, es lo que decodifican en la CGT: que la matriz del Pacto Social cristinista se limitaría a fijar una pauta de precios y salarios, ejercicio en el que Moyano debería ser el que firme que los sueldos no podrán aumentar más de 12% o 15% a lo largo de 2008.

El camionero es el primero que advierte que su debilidad al frente de la central de Azopardo le impediría superar ese trance sin heridas gaves, quizá incurables. Mal negocio justo el año en que debe pujar para lograr otro mandato como jefe cegetista.

Por eso, todo tiene sus límites. Y aunque a Moyano lo persigue la frase de Rucci, rehúsa completar el párrafo premonitorio que pronunció el entonces jefe de la CGT luego de hablar sobre su «sentencia de muerte»: «Como la patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual».

Certezas

La búsqueda de algunas certezas es uno -hay otros tanto o más importantes- de los motivos que llevará hoy al camionero, a las 9 de la mañana, al despacho de Julio De Vido en el piso 11 de Hipólito Yrigoyen al 250 junto a un manojo de jerarcas sindicales.

Temprano, junto con otros jefes de gremios del transporte -Juan Carlos Schmidt, Omar Viviani, Roberto Fernández, Omar Maturano, entre otros-, se verá con el ministro de Planificación para tratar de detectar indicios sobre cómo funcionará el promocionado pacto cristinista.

Prioridad

Será, en rigor, el segundo tema para hablar. El primero, prioritario, es saber si De Vido sabe qué será de su futuro cuando asuma Cristina de Kirchner. No es intriga por el destino del ministro, sino porque de ese movimiento depende parte de la suerte del moyanismo.

Es simple: los gremios manejan las cuatro subsecretarías del área de Transporte que dependen de la oficina que ocupa Ricardo Jaime, cuya permanencia aparece tanto o más en suspenso que la del propio De Vido.

A Moyano reportan el subsecretario de Transporte Automotor, Jorge «Gallego» González, y el del Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli. A Maturano, de La Fraternidad, tributa Antonio Luna del área Ferroviaria; a Schmidt, lo hace Ricardo Luján, de Puertos y Vías Navegables.

Parece una razón más que válida para entender por qué es tan fina y amigable la relación entre De Vido y los caciques de la CGT alineados con Moyano. Y, sobre todo, para que los barones del Transporte madruguen para verse con el ministro y rezar por su continuidad.

Es cierto que esas concesiones no hubiesen sido posibles sin un guiño de Néstor Kirchner. Pero el garante, en la práctica, fue De Vido. A su vez, Alberto Fernández suele «boicotear» a Moyano con el argumento de que es más lo que recibe que lo que aporta.