Intenta Ibarra un operativo clamor

Aníbal Ibarra

Mientras el juicio político a Aníbal Ibarra parece convertido en un análisis fino del embrollado funcionamiento del área de inspecciones antes del caso Cromañón, el jefe de Gobierno suspendido comenzará hoy a desplegar una nueva estrategia. Hasta ahora, vinieron declarando todos los testigos provistos por la fiscalía y en escasas, y casi inadvertidas oportunidades, Ibarra pudo anotar puntos a su favor.

Sin embargo, en cámara lenta consiguió algunas adhesiones públicas del gobierno nacional, las que continuaron ayer con declaraciones de algunos diputados, pero hoy la sorpresa la dará en el recinto de sesiones un testigo que podría llamarse clave. Se trata del ex cuñado de Ibarra, Juan Carlos López, quien se desempeñaba al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires al momento del trágico accidente. Es, además, el funcionario de mayor rango al que ha indagado la Justicia y que desde esa ocasión no se ha hecho ver ni ha formulado declaraciones. Algo alejado por la temporada veraniega de su ex jefe Ibarra, López será una sorpresa porque hasta el momento ninguno de los ex funcionarios con proceso en la causa penal concurrieron a las audiencias del juicio político. López espera que la Cámara, como ocurrió en otros casos, termine acotándole los cargos a la figura de mal desempeño, pero no obstante estaba anoche dispuesto a enfrentar a los legisladores porteños, lo que se cree se convertirá, más que en una requisitoria testimonial para saber hasta dónde llegan las responsabilidades, en casi una interpelación.

López renunció a su puesto al día siguiente de ocurrido el trágico accidente en Cromañón, es decir, después de aquella noche del 30 de diciembre de 2004.

Luego renunció la subsecretaria del área, Fabiana Fiszbin, y otros funcionarios de esa repartición.

El ex ministro de Ibarra, según relató ayer a este diario, considera que «el juicio está lleno de defectos, está todo mal hecho». Con ese ánimo concurrirá hoy a exponerse a las preguntas de los fiscales Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto.

• Giro

Si lo lograra, el testimonio de López representará para Ibarra un giro en las declaraciones, ya que comienzan a desfilar los testigos de la defensa, pero deberá sustentar el ex funcionario que las responsabilidades no pasaban más allá que de su persona en el manejo de los controles en la Ciudad.

Luego Ibarra, que también tiene acólitos que se ocupan de adornar las paredes capitalinas con variados afiches contra Mauricio Macri, a quien adjudica querer darle un «golpe institucional», tiene cita para el sábado con tropa propia que sueña con armar un nuevo partido político y consagrarlo candidato a senador en 2007, pero además esos mismos adherentes han comenzado a diseñar una manifestación popular (creen) para cuando el suspendido jefe de Gobierno brinde su discurso final, luego del alegato de la defensa, ante la Sala Juzgadora. Para esa ocasión, que la Sala no confirmó si será el 28 próximo o el 2 de marzo, quieren que la movilización cuente con la presencia de figuras conocidas y sobrepase la cantidad de personas que en otra oportunidad (cuando recién fue suspendido, en noviembre pasado), cuando se atribuyó que la concurrencia apenas llegaba a la cantidad de agentes ibarristas de los despachos municipales.

En tanto, ayer declaró el defensor del pueblo adjunto, Atilio Alimena, quien reiteró que había advertido a las autoridades del Gobierno porteño el peligro que encerraban los llamados locales bailables clase «C» antes de ocurrida la tragedia. Alimena, quien enfrenta una denuncia por falso testimonio por parte de Fabiana Fiszbin, insistió en sus declaraciones con que la responsabilidad recaía en el jefe de Gobierno por la falta de controles. También declaró un ex jefe de inspectores, quien se desempeñó hasta 2002 en el gobierno.