Intentan impedir protesta con cortes

Diego Kravetz

Preparado para enfrentar una manifestación en su contra, Mauricio Macri se apresuró a reunir al Consejo de Seguridad de la Ciudad e instruir a los fiscales para que apliquen con rigor la norma que castiga el corte de calles.

El sindicato que nuclea a los empleados estatales del Gobierno porteño arriesgará mañana una movilización contra el cese de 2.300 contratos de empleo público, la primera en oposición a la gestión macrista, a menos de un mes de su debut.

Macri piensa resistir esa movida a la que ha respondido ayer con la intervención de la obra social sindical (ver nota aparte), pero además puso en marcha un censo de empleados que podría generar otra purga.

Ya el viernes pasó una batucada convocada por el otro gremio que nuclea a empleados de la Ciudad, ATE, que también coincidirá hoy y mañana con paros programados por Sutecba. Considera el macrismo que la administración porteña sumó miles de empleados durante los veinte meses de administración del ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y que esos «contratos políticos» deben caducar.

Ayer, en un comunicado, los caciques gremiales sostuvieron que «estas medidas sólo pueden ser explicadas como producto de un error inducido a partir de una lectura equivocada de la realidad o, en el peor de los casos, por un exceso de arrogancia que lleva a desentenderse por la suerte de los otros».

Lo cierto es que Sutecba se prepara para el mayor despliegue de militantes de los últimos años, pero a la vez pone en juego la capacidad de maniobra, con despedidos sobre los cuales el Gobierno está dispuesto a no dar marcha atrás y la pérdida simultánea de la obra social.

Por eso ayer buscaba el sindicato municipal la adhesión de otros gremios a la seguidilla de paros. Un Hugo Moyano que estuviera dispuesto a confrontar de prestado contra Macri, podría complicar la gestión en la Ciudad, por ejemplo, si no hubiera recolección de residuos.

División

Pero Sutecba, si bien integra la CGT y es uno de los sindicatos más numerosos contando a los municipales de todo el país, también es un gremio dividido a nivel nacional,que además se considera adherente al kirchnerismo pero no necesariamente alistado en forma incondicional al gobierno.

Sin apoyo, más que el de los propios afiliados, Sutecba va a un paro general y movilización que de no revertir la medida del macrismo podría hacer tambalear a la conducción sindical, avanzando más Macri en un enfrentamiento que sólo se recuerda en épocas de la extinta Alianza. Por entonces, cuando Patricia Bullrich -hoy diputada de Elisa Carrió- ocupó la cartera de Trabajo, supo mortificar al propio Moyano hasta exigiéndole declaraciones juradas.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio las anteriores gestiones, como la de Aníbal Ibarra, procuraron una convivencia armoniosa con los gremialistas que entre otras decisiones derivó en la creación del Decreto 948 de 2005, que blanqueó con la modalidad de empleo público a miles de contratados.

A esa norma le continuó el Decreto 959 del año pasado, que enroló en la misma modalidad a unos 10 mil empleados. Según dijo Macri ayer, son 20.500 los contratados que se rigen por la modalidad de «locación de servicios», o por los decretos, y «serán revisados».

Anoche salió a embestir al jefe de Gobierno, el gremialista Alejandro Amor ( Sutecba), quien aseguró que por un lado continuarán los paros y, por otro, reclamarán ante la Justicia por la intervención de la obra social.

«La consecuencia a un conflicto gremial es una medida de fuerza, y la decisión de intervenir la obra social tendrá respuestas en el ámbito de la Justicia», dijo el sindicalista.

Desde el kirchnerismo también salieron contra Macri, el titular de la bancada, Diego Kravetz, y la legisladora Gabriela Cerruti, quien además fue ministra de Telerman.

«Las medidas de este tipo hay que analizarlas con más calma y no pueden responder a rencillas entre un jefe de Gobierno y un sindicato», dijo Kravetz y consideró que «desde la época militar no hay intervenciones a las obras sociales sindicales. No parece ser una medida acertada».

Cerruti admitió en cambio que «el Estado de la Ciudad necesita una reforma, pero esto no se hace entrando en guerra con un sindicato» y dijo que «si Macri cree que con resoluciones espectaculares y cuasi violentas va a resolver un tema complejo, está equivocado».

Por su parte, el dirigente de Sutecba, Patricio Datarmini, amagó con un «llamado a la reflexión» al Gobierno porteño, al confirmar que se verá afectado el servicio de recolección de residuos, entre otros, en la zona donde no está concesionado y es realizado por los empleados estatales.

Contra piquetes

Además, ayer se reunió, a sugerencia del legislador Martín Borrelli, el Consejo de Seguridad, un organismo impuesto por la Constitución que integra el ministro del área, Guillermo Montenegro, subsecretarios, legisladores y el fiscal general, Germán Garavano.

Con un Macri insistente en el tema, los consejeros aseguraron al fiscal que contará con el apoyo necesario para que sancione e impida los piquetes y desaloje también la calles, especialmente la peatonal Florida, de vendedores ambulantes.

A cambio, Garavano pidió que se acelere la sanción de la ley que eleva el número de fiscalías, mientras Borrelli coincidió con Montenegro en la necesidad de duplicar los agentes de la Policía comunitaria.

Ese grupo, de unos 500 efectivos, está solventado por el Gobierno porteño y la idea es elevarlo a 1.000 agentes. «No tiene sentido pagar por la Policía si no podemos instruirla, no es necesario el traspaso para eso», manifestó Borrelli en la reunión, ya que la Policía Federal tiene obligación de actuar a requerimiento de la fiscalía en las calles. Además el macrismo analiza elevar más los fondos de los cuales dispone para equipamiento de la Federal.