La Fiscal de Estado de la intervención federal, Silvia Sosa, intimó hoy al Banco Santiago del Estero S.A.(BSE) a devolver 13,7 millones de pesos cobrados de forma indebida desde 1996, cuando se firmó un convenio por operaciones bancarias.
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La intimación se cumplimentó hoy, tras el anuncio del interventor Pablo Lanusse, que ordenó denuncias penales contra los ex gobernadores Carlos Díaz y Carlos Juárez, los ex ministros de Economía, Luis Flores y José Trejo, y los empresarios que resulten responsables de un convenio entre el BSE y el gobierno provincial.
Lanusse explicó que el convenio "ocasionó a la provincia un perjuicio económico y un fraude a la administración pública que debe ser investigado por la justicia penal e imponer la sanción a través de la pena pertinente".
A poco de iniciar su gestión, Lanusse anuló los decretos para desvincular al Poder Ejecutivo de las empresas Banco Santiago del Estero, Hamburgo Compañía de Seguros y Mercurio, por interpretar que "eran nulos administrativamente y viciados de ilícitos".
Las empresas a las cuales se les quitó este tipo de actividad comercial pertenecen al grupo de la familia Ick, vinculadas directamente como agente financiero del gobierno de Juárez y de Mercedes 'Nina' Aragonés de Juárez, según se desprendió de las últimas actuaciones que instruye el Juzgado Federal.
En el primer decreto de anulación, Lanusse recordó que, en 2001, el gobierno de entonces, mediante el decreto 08393/01, autorizaba a estas empresas a efectivizar sus acreencias originadas en la prestación de servicios a todos los empleados de la administración pública provincial.
En referencia a este primer decreto se derogó el firmado oportunamente y se ordenó que las empresas procedan a sus descuentos contemplados en el procedimiento ordinario que utiliza la provincia para el resto de los usuarios del sistema de cobro de acreencias, a través de los descuentos y retención de haberes a los empleados de la administración pública provincial.
El segundo de los decretos dejado de lado por el interventor es el acordado en 1996 por el ex gobernador Juárez, en el cual el gobierno de la provincia determinó el pago al Banco de Santiago del Estero por las comisiones mensuales por los servicios financieros en la suma de 450 mil dólares mensuales.
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