Jaime, condenado a 6 meses por ocultar pruebas
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Ricardo Jaime.
Si bien evitó entrar en polémica con los jueces al afirmar que no iba a cuestionar una decisión judicial y dejaba todo en manos de su abogado, Marcelo Brito, no dejó de insistir en su inocencia.
El abogado defensor, en tanto, no dudó en afirmar que éste fue "un juicio mediático que concluyó con una sentencia política" y que de haberse tratado de otro imputado no sólo hubiera sido encontrado inocente sino que ni siquiera hubiera llegado a juicio.
"Fue un fallo contrario a derecho en el que los jueces cedieron a presiones políticas", insistió Brito, aunque no fue capaz de precisar qué sectores habrían ejercicio tales presiones sobre los jueces federales y señaló: "Pregúnteles a ellos".
Al salir de edificio del tribunal, Jaime tuvo un breve cruce con Andrés Vivanco, quien se desempeñara como fiscal de Río Gallegos hasta 2008 y fue uno de los pocos magistrados que impulsara causas en las que aparecían involucrados tanto Néstor Kirchner como hombres de su cercanía.
"¡Corrupto!", le gritó Vivanco a Jaime mientras éste subía a su auto, lo que generó una airada respuesta del exfuncionario: "Voy a ver quién sos".
Según la acusación, en junio de 2010 por orden del juez Norberto Oyarbide se allanó la casa de una hija de Jaime en Carlos Paz, en un procedimiento durante el cual se secuestró abundante documentación y el ex secretario de Transporte habría intentado esconder en su bolsillo una tarjetas personales que decían "Ricardo Jaime, director ejecutivo, Cerro Motos".
Siempre según la fiscalía, uno de los policías que intervenían en el allanamiento, detectó la maniobra y le advirtió a que si no devolvía el tarjetero sería registrado en su persona y detenido, debido a lo cual Jaime lo puso en su lugar.
Esas tarjetas podrían haber conectado a Jaime con uno de los hijos del ministro de Planificación Julio de Vido, Santiago, quien se desempeñó como ejecutivo de Cerro Motos.
Sin embargo, tras el allanamiento esas tarjetas se extraviaron y nunca llegaron al juzgado de Oyarbide, y episodio no quedó consignado en el acta que se labró dando fe del procedimiento.
La estrategia de la defensa se centró en cuestionar la existencia misma de estos hechos ya que la acusación se basaba sólo en la palabra de testigos ante la pérdida de las tarjetas y el hecho de que no constara registro en las actas.
Finalmente, los jueces se inclinaron por la postura del fiscal Maximiliano Hairabedián, quien consideró que los testimonios tenían suficiente peso probatorio, pero redujeron el año de pena que pidió la fiscalía a seis meses.



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