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En la Cámara alta, a última hora de ayer no había consenso sobre qué hacer con el proyecto que mandó el Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de Diputados. Unos querían votarlo tal cual había llegado desde el ala parlamentaria de origen para no quedar ante la opinión pública como defensores de privilegios. Otros promovían modificaciones, en especial, para no reabrir un nuevo frente de tormenta institucional con Tribunales. Se supone que los magistrados cuentan con una protección constitucional en materia salarial, conocida como intangibilidad de sueldos.
Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma presentaron un dictamen propio, excluyendo de la derogación a magistrados y diplomáticos. Al mismo tiempo que el renovador de Salta Ricardo Gómez Diez promovió uno propio, pero hay tiempo hasta las 12 de hoy para lanzar otros dictámenes al ruedo.
Algunos senadores se dedicaron ayer a preparar sugerencias para un eventual veto presidencial o una ley correctiva que repare errores u omisiones de la iniciativa del Ejecutivo. El dictamen de Gómez Diez podría servir de borrador de una norma correctiva que evite, entre otros efectos no deseados, una catarata de juicios contra el proyecto, una vez que se convierta en ley.
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