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Jorge Yoma, autor de uno de los primeros proyectos sobre la materia y promotor de un seminario que se realizó hace seis meses, coordina esa dependencia de la cual forman parte la adolfista Liliana Negre de Alonso, Vilma Ibarra (Frente Grande-Capital Federal) y el santacruceño Carlos Prades. Durante el fin de semana, siguió revisando el borrador de despacho con la intención de llegar, dentro de ocho días, con el texto a disposición de las firmas.
Se supone que habrá un dictamen de mayoría y otro de minoría, alentado por la UCR. El primero defenderá, como en el original de Yoma, un sistema anglosajón de tribunal popular, integrado por ciudadanos comunes, elegidos del padrón electoral. Los radicales, que acordaron entre diputados y senadores, promueven un mecanismo mixto, a imagen y semejanza del que funciona en Córdoba, con jueces y vecinos.
El borrador sobre el que trabajan las comisiones del Senado mantiene la esencia del proyecto aprobado en mayo de 2003 por Diputados: habilita la posibilidad de que «cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública».
Según lo que anticiparon varios senadores, uno de los puntos que se analiza modificar es el alcance de la iniciativa, para que las instituciones privadas que reciben subsidios o algún otro tipo de asistencia por parte del Estado también habiliten información.
Para la elaboración del despacho se consensuan iniciativas de Gerardo Morales ( UCRJujuy), Marcelo Guinle (PJChu but),Ibarra. Pedro Salvatori (Movimiento-Popular Neuquino) e Una vez firmado, el dictamen se pondría a consideración del cuerpo en la sesión del miércoles 10 de noviembre o una semana más tarde.
De acuerdo con lo que promociona el kirchnerismo, hoy el acceso a la información es una herramienta que solamente está disponible en el ámbito del PEN, a partir de un decreto dictado en diciembre del año pasado por Néstor Kirchner. Esa resolución obliga a todo funcionario nacional a facilitar documentos públicos a los ciudadanos que lo requieran.




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