Justicia abrió causa y Macri pide Policía

Mauricio Macri

Mauricio Macri esperaba que en algún momento los piqueteros le amargaran la jornada, pero nunca pensó encontrarse, a nueve días de estrenar el cargo, con 39 cortes de calles, tan cerca de la Navidad que de por sí impone en el centro porteño una acumulación de transeúntes y automovilistas mucho mayor que la habitual.

El caos de ayer sorprendió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con algunas áreas clave como es la agencia de Control Gubernamental a medio hacer. Sólo hubo comunicaciones desde el Ministerio de Seguridad que conduce Guillermo Montenegro, con la fiscalía general porteña, en manos de Germán Garavano, quien ocupa el cargo desde marzo de este año, a propuesta del macrismo. De ese modo, el gobierno de Macri monitoreó toda la secuencia de la jornada, que se sumó a la del martes, provocada por el paro en los subterráneos.

Montenegro, además, habría cruzado algún llamado con su amigo Aníbal Fernández, pero lo cierto es que oficialmente lo único que hizo Macri fue reeditar su reclamo por la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad y despotricar contra los cortes de calles, como lo hizo durante la campaña electoral.

El nuevo Gobierno porteño se sintió presa de una interna sindical y aunque los voceros repetían «esto se lo están haciendo a los vecinos», en rondas íntimas confiaron: «Esto afecta a Mauricio porque la Ciudad está intransitable».

Macri insistió en cuestionar la metodología de protesta, ayer de la UOCRA (ver nota aparte), que como temática de los piquetes utilizó la falta de seguridad en las obras en construcción, un área que compete monitorear al Gobierno de la Ciudad, como Policía del Trabajo, pero que inspecciona una oficina que está siendo fusionada a la agencia de control a cargo del ex juez Federico Young.

«No se puede seguir así. Queremos una ciudad en donde nos vincule el respeto», enfatizó Macri, tras un acto.

«Si es una manifestación de trabajadores, deben de tener en cuenta que todos somos trabajadores, porque muchos no llegaron a sus trabajos, otros tenían que rendir materias y no pudieron hacerlo», remarcó el jefe de la Capital Federal.

Aplicación

«Hay que parar con este tipo de manifestaciones y aplicar el Código de Convivencia como corresponde», dijo.

Lo cierto es que la fiscalía recepcionaba las 39 actas labradas por la Policía Federal (una por corte), con un Código Contravencional que no es demasiado claro al decir del Ministerio Público, para aplicar en casos como el de ayer, donde hubo 3 cortes totales de calles en la Capital Federal: en Lugones y Sarmiento; avenida General Paz y Superí y en Corrientes y Cerrito.

El Código Contravencional reprime la «obstrucción de la vía pública», pero en el mismo capítulo permite el «regular ejercicio de los derechos constitucionales», aunque imponeavisar con tiempo prudentepara realizar protestas, lo que no hizo la UOCRA. El castigo va de 1 a 5 días de trabajos comunitarios y multas de $ 200 a $ 1.000.

Los fiscales, ayer mismo, solicitaron las filmaciones de las protestas a los canales de televisión e iniciaron una investigación preliminar, que en las próximas 48 horas los llevará a definir si merecen castigo «los organizadores» de los piquetes o las personas que allí se encontraban. La fiscalía además debió actuar por denuncias que le llegaron a la línea telefónica, que no fueron muchas, sólo cerca de diez ya que «no está acostumbrada la gente a llamar», según justificaron.

«En general lo que se hace cuando hay un corte total es que la Policía invite a los manifestantes a abrir el paso», explicaron desde el Ministerio Público.

Lo cierto es que el gremio de la construcción no tuvo un justificativo concreto para el reclamo de condiciones laborales más seguras, según interpretó el macrismo, que se inclinó más a pensar en «una demostración de fuerza». Anteriormente, en un pedido menos estridente, los obreros de la construcción reclamaron a Jorge Telerman por la continuidad de las obras públicas.