Justicia intimó a Aranguren por sospecha de convenios con ONG "fantasma"

El juez Sebastián Casanello libró una "orden de presentación" al Ministerio de Energía por información vinculada a convenios en los que se habría favorecía a un ONG de Venado Tuerto. Medida surge luego de denuncia realizada por Margarita Stolbizer.

El juez federal Sebastián Casanello libró una "orden de presentación" al Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren para requerir documentación vinculada a los convenios con los que se habría favorecido a una asociación civil de Venado Tuerto. El magistrado investiga si desde la cartera se incurrió en un supuesto desvío de fondos hacia una denunciada asociación "fantasma".

Se trata de una denuncia por supuestas irregularidades en convenios firmados entre el Ministerio y la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), como intermediaria de servicios contratados a la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional.

La denuncia fue presentada hace casi dos semanas por la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien solicitó investigar "graves irregularidades" en la firma de acuerdos entre la cartera de Aranguren y una asociación civil que actuó como intermediaria de servicios contratados a la regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Según la denuncia, con los convenios se "favoreció" a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto- ATEVEN, que preside Pablo Pandrich, propietario de la fábrica de columnas para alumbrado a DISMET S.A. y director de DIMARIVI S.A, un mayorista de golosinas.

Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado busca la documentación vinculada a los convenios por ello dispuso además una orden de presentación con allanamiento en subsidio respecto de la facultad regional. Además el juez ordenó el allanamiento de la asociación tecnológica investigada y requirió los movimientos bancarios de la misma.

La candidata a senadora nacional de 1Pías aludió a convenios firmados con ATEVEN, una entidad civil santafesina y sostuvo que se trataría de una "irregular intermediación" para el "manejo de fondos públicos" que a su juicio redundó en un sobreprecio en el pago de los mismos.



Según la presentación realizada por la legisladora, el total abonado a la regional Venado Tuerto a través de la ONG hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de $ 13.510.986, y de este monto ATEVEN se llevó el 10%, es decir, $ 1.351.098. "Lo importante para destacar es que los pagos no se realizarían a la Universidad Tecnológica Nacional ni tampoco esta última facturaría por los servicios prestados", continuó la denuncia.

El dinero "se depositaría en una cuenta corriente a nombre de una asociación civil de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe" y el Ministerio de Energía "abonaría más de 13 millones de pesos en la cuenta de la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN) en el Banco Francés Sucursal 253 cuenta corriente 3218/8".

Los registros de la Inspección Personas Jurídicas (IGJ) santafesina identifica a ATEVEN con el legajo N° 6935, ubicada en la calle Castelli 501, de Venado Tuerto. Los datos oficiales indican que esa Asociación fue constituida el 27 de agosto de 2001, a través de la Resolución 636. La dirección actual es Laprida 644.

Para Stolbizer "sería esta asociación fantasma y desconocida quien emite las facturas correspondientes a lo convenido. Esta intermediación provocaría un sobrecosto: el 10% del total del convenio" por "gastos administrativos".

La castelarense subrayó que entre los trabajadores "que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio" había "una gran cantidad de jubilados de más de 70 años" o "personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa" o "tienen domicilio en otra provincia".

El supuesto asesoramiento habría sido brindo a la Dirección de Gas Licuado de Petróleo, a cargo de Luis Barile, que depende del subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, que a su vez respondía al exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, quien renunció por una feroz disputa con Aranguren.

Tanto Barile, como Popik y Sureda fueron denunciados en 2016 por la diputada Elisa Carrió por haber beneficiado supuestamente con algunas medidas a las compañías que previamente los habían empleado, antes de integrar el gabinete energético: Esso, PAE y Bridas (que adquirió en 2012 Exxon Mobil y Axion). Esta causa la embotó Claudio Bonadio en el juzgado federal N° 11.