Barcesat, sobre la reforma judicial: "Nada de lo que está en este proyecto lesiona la constitución nacional"

Política

Durante una nueva ronda de debate de la reforma judicial, el constitucionalista sostuvo que la reforma judicial es "es necesaria y oportuna" y la consideró un instrumento "valioso" para terminar con el lawfare.

El constitucionalista, Eduardo Barcesat, consideró este martes ante el Senado de la Nación que la Reforma Judicial es "necesaria" para crear las bases para un nuevo poder judicial. "Nada de lo que está en este proyecto lesiona la Constitución Nacional", explicó.

El defensor de los Derechos Humanos, fue uno de los expertos que participó de la última ronda de expositores ante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, junto a exjueces y fiscales. El oficialismo buscará emitir dictamen este miércoles con el objetivo de que llegue al recinto el 27 de agosto.

El constitucionalista sostuvo que la reforma judicial es “es necesaria y oportuna” y la consideró un instrumento “valioso” para terminar con el lawfare.

“Durante el gobierno anterior se ha implementado el lawfare para perseguir al enemigo político. Esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto”, dijo y recordó que en ese período la Corte Suprema tampoco dictó “ninguna acordada para orientar las causas penales”.

Además, dio el visto bueno a que se amplíe en número de jueces y que se incorporen nuevos juzgados. “No me cabe ninguna duda de que el poder de Comodoro Py debe ser desconcentrado. Debemos deconstruir el lawfare”, continuó.

También destacó que las directivas al poder judicial que contiene el proyecto es “lo más valioso” y anunció que giró al plenario de comisiones dos propuestas para incluir en el artículo 70 para que “toda prueba deba ser legalmente incluida en una causa y así evitar cuadernos quemados” y "algunos arrepentidos".

Además, pidió que la información que funcionarios judiciales entreguen a los medios de comunicación deba ceñirse a las causas para que los mismos “no anticipen sentencias y todas esas prácticas viciosas”.

Por último, felicitó al proyecto "en cuanto formula una invitación a la Corte y al Consejo de la Magistratura para establecer un código de ética” y cerró con una frase de Genaro Carrió, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entre 1983 y 1985: “La sociedad puede tener temor cuando un culpable es declarado inocente, pero ese temor se puede transformar en terror cuando un inocente es declarado culpable”.

A su turno, el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, reafirmó este martes ante el plenario de comisiones del Senado en el que se discute la Reforma Judicial su apoyo “ferviente” a la iniciativa. Además, propuso ampliar la Corte Suprema a 21 miembros.

"Aquí reafirmé el apoyo ferviente a este proyecto de reforma. Por quienes hablaron a favor y también por quienes hablaron en contra, por eso es interesante escuchar estas exposiciones ante las comisiones", sostuvo.

Además, evaluó: “Las reacciones contra este proyecto o estos avances son contra los que pierden privilegios. Si la mayor parte de la sociedad descree de la justicia, quienes son los que se oponen y por qué”.

"Tenemos una Justicia patriarcal, adultocéntrica, discriminatoria y aristocrática. Con esas características, estamos ante un 90% de la población que descree de su Poder Judicial. No sé si hay conciencia de esto entre los legisladores”, continuó.

Por último, destacó la “osadía” del Presidente de la Nación “frente a un sistema que ha tolerado lo peor” y se pronunció a favor de ampliar la Corte Suprema a 21 jueces y dividirla en salas. “Una sala de niñez y adolescencia es una deuda de la Justicia argentina”, cerró.

En tanto, el fiscal Javier De Luca manifestó que la reforma judicial "va en contra de la acumulación de poder". "No cambia las causas en trámite" y "busca distribuir el poder para que no esté concentrado en pocas manos", sostuvo durante su exposición el fiscal.

"El sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura y de organización, en eso hay que hacer hincapié en un futuro, lo que podemos hacer ahora es quitar las funciones administrativas y económicas a todos los jueces", dijo.

El fiscal expuso además que "la transferencia de personas no se puede hacer y no tiene que ser confundida con una cuestión de transferencia de competencias. Los jueces nacionales fueron reemplazantes interinos o subrogantes de los jueces federales históricamente".

"Transferir las competencias locales a la ciudad eliminaría el conflicto de tener que hacer un concurso para nombrar a nuevos jueces con un procedimiento complicado. Designar un tribunal subrogante contamina la tarea jurisdiccional", concluyó en su exposición.

El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Miguel Caminos, consideró que en el proyecto “hay un aumento desmedido de los jueces y esto profundiza la desigualdad del acceso a la justicia, esto ha generado desconfianza, lo que no debe existir en un proyecto de modificación de la justicia".

"Se deben aumentar los fiscales porque son los que van a llevar a cabo las investigaciones, por lo cual, esta super abundancia de jueces conspira contra la buena aplicación del sistema acusatorio", opinó.

Además, consideró que “se tiene que mantener a rajatabla la independencia de los jueces porque el control judicial sobre los otros poderes no siempre agrada. Esto se resuelve políticamente".

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A su turno, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien se presentó en la videoconferencia a pesar de tener coronavirus, explicó que "hay provincias que requieren de una estructura mayor de jueces, pero no de tantos. Invirtamos en un sentido que nos redunde el día de mañana en algo beneficioso".

También insistió sobre la necesidad de avanzar en el sistema acusatorio y sostuvo que “no se implementó antes por la oposición de jueces, que sienten que pierden poder”. “Hay que ir cuanto antes al sistema acusatorio. Y los jueces deben controlar garantías, ese es su rol esencial", indicó.

El senador oficialista, Óscar Parrilli, le preguntó si consideraba que “la no aplicación del sistema acusatorio por parte de la gestión de Macri tenía como objetivo llevar adelante el plan de manipulación de jueces para usar a la Justicia como mecanismo de persecución política".

“Yo no hago esos análisis políticos, trabajemos en pro de algo, empecemos a poner los recursos en el sistema que buscamos. Este proyecto no nos lleva a la aplicación del sistema acusatorio a nivel nacional", respondió Gullé.

Una proporción lógica en un sistema acusatorio es de tres fiscales por cada juez. Actualmente creo que hay más jueces que fiscales, y este proyecto incluso refuerza eso", agregó.

Máximo Fonrouge, Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró que hay que realizar una reforma importante en la justicia federal, pero explicó que este contexto de pandemia “no es el ideal” porque un proyecto como este requiere “consenso”.

"Entiendo que debe haber consenso para llevar a cabo una reforma tan importante. Una reforma se puede aprobar por unos pocos votos, va a ser legal, pero va a carecer de legitimidad. La reformas tienen que perdurar en el tiempo", señaló.

"El proyecto merece ser reconsiderado en su totalidad porque nos parece que no puede ser sujeto de meros parches en función a lo que se ha desarrollado a lo largo de estas sesiones", expresó.

La senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, le preguntó a Fonrouge su opinión “sobre el régimen especial de las pseudo subrogancias que establece este proyecto”.

"Los 23 jueces elegidos van a estar un año y medio subrogando y a la vez concursando para quedarse como titular, por lo tanto, no van a tener el libre discernimiento", repondió el invitado.

Ariel Gustavo Coll ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa sostuvo en su exposición que “la trasferencia de competencias a la CABA no es un mero cumplimiento parcial, sino un restablecimiento del equilibrio federal perdido hace años".

"Vemos con profunda satisfacción la adopción de reglas de conductas para todos los jueces y juezas de jurisdicción federal porque viene a plasmar algunas de las normas que ya están vigentes en varias provincias", comentó y agregó que "el mejor sistema procesal se convierte en un conjunto de papeles tirados al viento si no contamos con jueces probos, honestos, independientes, comprometidos e imparciales”.

“La solución que propone este proyecto no sé si será la mejor solución, pero es una solución”, continuó.

Pablo Llonto, abogado, miembro del colectivo Mario Bosch, querellantes en causas de lesa humanidad, se refirió a la reforma judicial e indicó que “no hay posibilidad de construir el edificio de la democracia si no está basado en nuevos cimientos”.

“El panorama en el país de todo lo que queda juzgar en lesa humanidad es muy amplio. La tarea que queda es monumental”, indicó.

“Hemos visto que se plantea el traslado de secretarías de derechos humanos del interior a otros juzgados y eso lleva a desarmar las causas. Pedimos que esas causas permanezcan en sus juzgados”, continuó y agregó “si hay causas que necesitan celeridad en la justicia son las causas de lesa humanidad. La barabarie de los hechos cometidos fue en 1976, llevamos 44 años buscando justicia”.

“Por eso proponemos cambios al artículo 60 para que cuando a un tribunal oral lleguen causas de lesa humanidad tengan tratamiento prioritario”, sentenció.

Tras su exposición, la senadora Sacnun le agradeció la sugerencias y aseguró que serán tenidas en cuenta para que avancen las causas de lesa humanidad. "Es un compromiso de este gobierno", señaló.

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