Cambiemos: de la expectativa por un "mani pulite" a la sospecha de un "mani pulati"

Política

El Gobierno saliente prometía división de poderes, pero termina cuestionado por el relator especial de la ONU por denuncias de manipulación del Poder Judicial. Hubo constantes intromisiones de enviados oficiales en los despachos judiciales.

El Gobierno de Mauricio Macri comenzó su mandato abrazado a la bandera de la transparencia, la división de poderes y el respeto por la institucionalidad. Pero termina debiendo responder cuestionamientos del relator especial de la ONU por denuncias de manipulación del Poder Judicial a través de armado de causas judiciales a opositores políticos y el amedrentamiento a magistrados. Fue una síntesis del deshilachamiento de la consigna que pretendía diferenciarse de los manejos del kirchnerismo, en un periplo que dio su primer síntoma con la designación vía decreto de dos jueces de la Corte Suprema, y que debió esperar la ratificación a través del procedimiento constitucional. El hecho fue simbólico y gráfico de una metodología aplicada a lo largo de la gestión: la interpretación laxa de los reglamentos, la ocupación discrecional de cargos estratégicos dentro de la justicia y la "tercerización" de la presión sobre jueces vía medios de comunicación o "gestores" informales que funcionaban como portavoces de mensajes presidenciales.

Traspaso de jueces, creación de tribunales orales federales salteando procedimientos formales y apuntalamiento de expedientes con informes de oficinas públicas -AFI, AFIP, UIF, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Seguridad- funcionaron con la anuencia de agentes judiciales. La intervención de la "mesa judicial" de la Casa Rosada fue innovadora pero no siempre acompañada de triunfos, sino más premiada por su audacia. Los "operadores" de tribunales fueron sustituidos por enviados sigilosos y la mecánica de interrelación (en las sombras) no fue eliminada como práctica. Nada de esto convalida la tesis kirchnerista del "lawfare", cuyos requisitos de efectividad quedan lejos de haber sido cumplimentados de manera sistémica y solo apuntalados en individualidades. Sin embargo, el Gobierno se despide también con una causa que investiga supuesto "espionaje" a jueces vía consultas a la base de Migraciones. Lejos está de un caso donde se investigue entrometerse verdaderas maniobras ilegales. Es algo mucho más básico: está en el manual del "carpetazo" verificar no sólo frecuencia y destino de viajes, sino también acompañantes. Cualquier inconsistencia ofrece un flanco débil de los magistrados.

El Consejo de la Magistratura funcionó alternando luces y sombras. El Gobierno aprovechó la distracción de los K para apoderarse de una silla para un consejero. Después recibiría su propia medicina que lo dejó sin un representante a través del mismo mecanismo. Propició la elevación de ternas a todo vapor, sin objeciones procedimentales, pero naufragó entre internas para nominar puestos clave por la vía constitucional del Senado. Así, pese a cobertura de 300 vacantes, le quedará a la próxima gestión completar casilleros como Cámara Federal, Cámara Electoral, juzgados en Comodoro Py, fiscalías y fuero contencioso administrativo federal, entre otros. El punto más oscuro fue el envío a juicio político del camarista Eduardo Freiler, donde sin el número suficiente de votos, se maquilló la jura de un nuevo consejero para, en simultáneo, votar una suspensión forzando el porcentaje de presentes en el plenario. Eso y declaraciones públicas del Presidente que eyectaron a otros dos camaristas (jubilación y pedido de traslado de por medio) fueron a contramano de cualquier preservación de la institucionalidad.

Las intromisiones constantes de enviados judiciales, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Pablo Clusellas, José Torello o el propio Daniel Angelici se sumó a las gestiones subterráneas tácticas de Gustavo Arribas. Todo sazonó un combo que sumió en el desconcierto a gran parte del Poder Judicial, cuya coincidencia ideológica con el Gobierno había despertado expectativas respecto al desarrollo de la nueva gestión. La implementación restringida del pago del Impuesto a las Ganancias fue un punto positivo para un sector que no se percibía a sí mismo gozando de un beneficio diferencial al resto de los contribuyentes.

Entre los "highlights" de la gestión pueden contabilizarse su interés por la modernización de Códigos. Al Congreso se envió un anteproyecto de Código Penal interesante desde el punto de vista de enfoque; otro análogo respecto a los procedimientos que rigen los procesos civiles y comerciales; y la implementación paulatina del Código Procesal Penal con relativo éxito. La ley de Flagrancia también aceleró procesos pese a desajustes iniciales. La contracara fue la emergencia penitenciaria, con la mayoría de los penales federales colapsados y un desbalance de prisiones preventivas respecto a la población carcelaria con sentencia firme. Procesos más ágiles y modernos serán indudablemente el legado más destacable, incluido un fuerte énfasis en la inversión de infraestructura en poderes judiciales del interior del país. En materia presupuestaria, Capital Federal arrastra una crisis que ha ido en espiral y con un tironeo permanente entre la Corte Suprema y la Jefatura de Gabinete. Tanto así que el Gobierno termina incomunicado con el máximo Tribunal tras la implosión de los puentes con Marcos Peña. Será materia de estudio cómo la Corte, desde el fallo colectivo respecto al tarifazo del gas, ha propinado sonoros reveses políticos al Gobierno en temas que impactaban en la "caja". Y fueron piadosos respecto a situaciones que pudieran haber puesto en juego la gobernabilidad. Lo mismo hizo el Contencioso Administrativo Federal. Jueces se vanagloriaban de su responsabilidad institucional ante la sucesión de errores e improvisaciones en la implementación de políticas públicas medulares.

El corolario es una oportunidad perdida: la chance de adentrarse seriamente en un proceso de investigación sólido respecto a los hechos de corrupción acontecidos durante la última década, derivó en el apuntalamiento de causas con procedimientos forzados -sembrando nulidades futuras- y dejando el sabor amargo respecto a que la verdad podría nunca ser revelada, sin estar teñida por la política. A eso se sumó la ausencia de un fortalecimiento real de las instituciones. El ejemplo fue la Oficina Anticorrupción que levantó su perfil a la par del nombramiento (torciendo requisitos) de una ultra macrista como Laura Alonso, quien termina procesada más por lo que dijo de su propia boca respecto a no querellar a funcionarios amarillos que por delitos con real densidad penal. Mientras sea un organismo dependiente del Ejecutivo su parcialidad estará siempre en discusión. "Causas armadas, testigos amañados, intervención de los servicios de inteligencia descontrolados, ausencia de contrapesos, y pisoteos procedimentales", en una lista inacabada de la herencia indeseada en materia judicial. No es bueno el balance si se aspiraba a frenar atropellos anteriores.

Los mismos jueces que franquearon el límite invisible que impactó en la política mutarán sus servicios ahora para enfocarse a quienes están en el declive de poder. Ese desafío institucional queda en el "debe" respecto a la declamada transparencia institucional. Obligará a una reconstrucción sin cortapisas para que la sociedad vuelva a confiar en el Poder Judicial, uno de los que se ha descendido en los últimos cuatro años su nivel de credibilidad por sus protagonistas más expuestos. Lo peor es que ese declive contó con el sostén del propio Gobierno. Cambiemos llegó con la esperanza de un "mani pulite" y se va del poder con seria sospecha de haber propiciado un "mani pulati". Constituye esto una estafa a las expectativas de la sociedad que no debería repetirse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario