Política

Nuevo procurador se llevará consigo control de escuchas (legales)

Así, intervenciones telefónicas volverán a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Juez Rafecas, candidato más fuerte pero pliego deberá superar Senado. Proyectan reforma en inteligencia. La importancia del "Señor 8".

“Lo que llegó por DNU, se va por DNU”. La frase surcó despachos judiciales y hace expresa referencia al futuro de una de las primeras medidas que dispuso Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo, el 29 de diciembre de 2015: el traspaso de las escuchas telefónicas (legales) a la órbita del Poder Judicial. Una decisión en reversa por parte de la entrante administración de Alberto Fernández tendrá por seguro receptor al nuevo procurador general, casillero clave que el próximo gobierno aspira a cubrir a corto plazo. Así, la actual Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) volverá al ámbito del Ministerio Público Fiscal, que ya contaba, antes del decreto 256/15 de Macri, con el respaldo de una ley aprobada durante el último año del kirchnerismo, cuando le quitó esa tarea a la siempre vidriosa Agencia Federal de Inteligencia (AFI). A eso se sumó que tras la Acordada de la Corte Suprema del 19 de junio, los jueces penales han ido paulatinamente dejando de lado a la central de espionaje para la realización, también, de las desgrabaciones fruto de las intervenciones telefónicas, lo que –como informó Ámbito Financiero- produjo un impensado estrangulamiento en el tráfico de información subterránea al que se dedicaban sectores marginales del espionaje.

En esas aguas turbulentas, la Dajudeco, gracias al paraguas de la Corte, logró sortear infinidad de cuestionamientos respecto a la difusión pública de escuchas (algunas abiertamente ilegítimas o carentes de interés judicial), algo que, objetivamente, no había ocurrido cuando estuvo en manos del Ministerio Público Fiscal. La estructura también resultó un dolor de cabeza para la propia Corte Suprema que debió amortiguar los latigazos que generaba la aparición pública de intervenciones confidenciales con motivaciones políticas, algunas incluso que debían haber sido destruidas por no constituir delito. La mayoría, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales ansía deshacerse del problema de la manera más prolija posible.

Así, con un nuevo decreto, Fernández podría devolverle la atribución a quien ocupe la jefatura de todos los fiscales, un puesto clave para el que el nominado más fuerte es el juez federal Daniel Rafecas. Desde el entorno del magistrado afirman que nadie ni siquiera lo tanteó para el cargo, pero la apuesta continúa sin tener otro nombre que no constituya una sorpresa. Con destino en la Casación “ordinaria” –incluso con su pliego enviado al Senado por Cambiemos- la salida del magistrado de Comodoro Py comenzó a sonar para un puesto distinto desde la nominación del propio Alberto Fernández y mucho más luego de las PASO, dentro y fuera de tribunales. Subsisten dos interrogantes desde despachos judiciales (sobre todo en la Justicia federal): si Rafecas podrá sortear el enojo de la UCR (para la que se requerirían votos en el Senado para aprobarlo) luego de haber llevado a juicio al expresidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado; y si existe alguna suerte de “veto” por parte de Cristina de Kirchner motivado en los inicios de la causa Ciccone que derivaron en la acusación al exvicepresidente Amado Boudou. Según quien las analice, ambas pueden ser cuestiones menores, o cuyo peligro tendrá recién que medirse con el pliego sobre la mesa. Fernández no ha ahorrado elogios para con el juez que cultivó lustre académico, a la par que se mostró distante de la siempre latente relación entre los servicios de inteligencia y los tribunales de Retiro. Con esto, cosechó una lista de enemistades entre quienes se identificaban con algún sector de los históricos operadores, cuya reacción ante una nominación podría formatearse como una rebelión con expedientes en la mano. El cargo es estratégico y Macri desperdició su chance de ocuparlo: tendrá a su cargo la implementación del nuevo Código Procesal Penal, con los fiscales al frente de las investigaciones con una estructura sustancialmente superior. Fernández todavía no ha despejado otra incógnita: si buscará un procurador “político” o un procurador “fiscal”. Su mensaje más claro hacia la Justicia fue el homenaje a Esteban Righi, su amigo y mentor. Righi fue un procurador académicamente sólido y esencialmente político. Su origen no era el Poder Judicial ni el MPF. Rafecas combina academia y trayectoria judicial pero no política.

El retorno de las escuchas a la Procuración General irá acompañado de un plan más ambicioso ligado a la reformulación de los servicios de inteligencia. En crisis cíclicas, su reforma se vuelve, así como en 2015, imperiosa. Los equipos de trabajo tratan de que no se filtren los proyectos para que la AFI se renueve (y se depure) sin que estallen las catacumbas. El nombramiento del “Señor 5” –para el que suena el nombre de Alberto Iribarne, un hombre de total confianza del presidente electo- sólo podrá ser superado por quien sea nominado para ocupar el puesto de “Señor 8” en la estructura de inteligencia. Será la persona verdaderamente operativa que tendrá que aplicar la reestructuración del organismo.

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