Kirchner enfría ahora la ofensiva contra militares

Néstor Kirchner les explicó ayer a los altos mandos -con los cuales evitaba reunirse desde que asumió- que su gobierno no impulsa la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A pesar, claro, de que gente de su sector en el Congreso (el advenedizo grupo Talcahuano) sostiene la conveniencia ética de modificar esas normas. «Yo me voy a encargar de que los diputados de ese sector no insistan con esa iniciativa.» Se diluye entonces el proyecto oficial que suponía un nuevo juzgamiento para 1.600 oficiales, número que luego podía extenderse a 3 o 5 mil, idea impulsada por más de un ministro de la actual administración, habituales confidentes de Kirchner. Pero éste ha dicho que bloqueará la revisión sobre militares que ya fueron juzgados y sobreseídos, juzgados, condenados e indultados, y procesados sin culminar la etapa judicial. O sea, mantiene la actual legislación, producto del Parlamento por iniciativa, en su momento, de Raúl Alfonsín. En rigor, si son ciertas las palabras del Presidente, parece apoyarse en el Derecho, ya que tampoco habría podido conseguir la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema (no olvidar que fueron varios los miembros, ninguno de la «mayoría automática» que ya se pronunciaron por la constitucionalidad de estas normas). También se advierte que ingresó en vía muerta la posibilidad de extraditar a los militares que reclama el magistrado Baltasar Garzón, al menos una vasta mayoría de ellos. Si todo esto evoluciona en esa dirección, en la que expresa Kirchner ante los mandos castrenses, la pregunta obvia es: ¿para qué se destapó este añejo conflicto desde la propia Casa de Gobierno? Las conclusiones corren por cuenta hasta del menos informado de los observadores.

Julio De Vido ya no debería ser calificado, como hasta ahora, sólo de «mano derecha» de Néstor Kirchner. Sus competencias políticas son tantas, que parece un pulpo. Hasta la crisis militar lo tiene como principal operador del gobierno gracias a la subordinación de los dos generales a través de cuyos ojos la Casa Rosada mira a las Fuerzas Armadas.

Roberto Lavagna sufre el recorte de competencias que le impuso en el Ministerio de Economía, sobre todo en algunas áreas «del corazón», como la Secretaría de Energía. A tal punto llega el avance de este ministro sobre ese jardín que hasta para la creación de la nueva Línea Aérea Federal se repartieron las acciones entre los ministerios de Economía y Planificación.

De Vido extiende también su influencia hacia Justicia. Gustavo Béliz ni se enteró de que Eugenio Zaffaroni ocuparía la vacante de Julio Nazareno en la Corte, cuestión que se resolvió en el despacho del ex ministro santacruceño, gracias a la amistad entre De Vido y un grupo de militantes del PJ de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, ligados al socio de Zaffaroni, el inquieto Jacobo Grossman. Desde Planificación, el candidato a juez fue llevado hasta Olivos, donde Kirchner le ofreció esa butaca en el tribunal, a pesar de las declaraciones tan desdorosas que había realizado en su contra durante un acto en Río Gallegos, hace ya años.

A veces De Vido tiene menos suerte en sus avances. El propio Presidente lo llamó al orden por sus desafiantes declaraciones contra uno de los siete ministros que deben resolver la suerte de la Argentina en el FMI, el francés Francis Mer. Le dolieron los dientes al arquitecto con la respuesta en francés, no sólo de Mer sino también del presidente de la Total en la Argentina, Jacques Chambert-Loir, quien dijo que «si todo lo que se escribe sobre el gobierno es cierto, dan ganas de salir corriendo». Total es una de las empresas de explotación de hidrocarburos con mayores inversiones en Santa Cruz.

Hasta ahora, De Vido tuvo también responsabilidad central en la política de Defensa. Fue él quien sugirió la designación de Roberto Bendini como jefe del Ejército. Bendini se convirtió luego en el asesor principal para la designación de los jefes de las demás fuerzas. Esta preeminencia de De Vido fue el motivo más importante de disgusto para el ministro del área, José Pampuro, quien había ofrecido los mismos cargos a otros uniformados.

•Protagonismo

Igual que Bendini, el general Adolfo Cabrera es otro protagonista del puente que estableció el «kirchnerismo» con las Fuerzas Armadas. Cabrera fue puesto al frente de la Jefatura de Inteligencia del Ejército después de que se lo sacó de la lista de pases a retiro junto a otros siete «bendecidos». «General patagónico», como Bendini, este comandante pasó su destino anterior en Neuquén, la tierra de Oscar Parrilli (secretario general de la Presidencia), al frente de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Las reuniones de De Vido con estos militares, a quienes introdujo en la intimidad presidencial, terminaron irritando a Pampuro, más recostado en la Fuerza Aérea por su vieja condición de médico aeronauta.

Sin embargo, toda esta política, sostenida en las recomendaciones de De Vido, entró en crisis con la detención de 44 oficiales retirados que ordenó el juez Rodolfo Canicoba Corral. Si de por sí hubo un motivo de inquietud con esta medida, la semana pasada el gobierno agregó otra preocupación. Patricia Walsh acostumbra a presentar, año a año, un proyecto de derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Lo hizo de nuevo la semana pasada, en un clima mucho más favorable: a la diputada por Izquierda Unida se le sumaron las firmas de varios peronistas integrantes del «Grupo Talcahuano» identificado con Kirchner en la Cámara. Allí están el bonaerense Ricardo «Lolo» Gómez (el mismo que denunció al director de Migraciones Jorge Rampoldi por una presunta vinculación con la Triple A), el santafesino Julio Gutiérrez (primo de la esposa de Carlos Reutemann) y Eduardo Di Cola (cordobés recientemente incorporado al sector).

Este sector de diputados que comandan Ricardo Falú y Gerardo Conte Grand comenzó a provocar dolores de cabeza en el gobierno ya que obligan a Kirchner a hacer lo que menos le gusta: ejercer posiciones de moderación o retracción frente a iniciativas que suenan como buena música en el electorado de centroizquierda que él quiere cautivar. Peor aún, el gobierno se ve obligado a requerir servicios de otros sectores del Congreso respecto de los cuales quiere ganar autonomía. Sin ir más lejos, el Presidente debió alertar a Eduardo Camaño, figura principal del duhaldismo y presidente de la Cámara de Diputados, sobre la necesidad de bloquear el tratamiento de la ley que promueven Walsh y los «kirchneristas». Fue durante el viaje de regreso de Washington y fue como un balde de agua fría para Alberto Fernández (jefe de Gabinete enfrentado con Camaño por su predilección por Mauricio Macri en la contienda porteña) y también para Rafael Bielsa, a quien tal vez no le hubiera disgustado avanzar en la derogación de esas leyes (por más que el canciller viene haciendo declaraciones muy moderadas sobre la necesidad de «mirar más al futuro que al pasado»).

El almuerzo de Kirchner y Fernández, ayer, con los militares y Pampuro fue un intento por volver la relación con las Fuerzas Armadas a su cauce institucional. Desde la Casa Rosada se procuró divulgar una imagen de tranquilidad y quitarle al encuentro el aspecto de un planteo. Pero Kirchner, Fernández, De Vido y quienes desde la Casa Rosada se encargan de la cuestión militar, siguen inquietos por un par de «detalles». Temen que el avance de las acusaciones y la revisión del pasado terminen por comprometer a algunos jefes actuales. Y que la tensión que no se manifiesta ahora, se vuelva visible más adelante. Concretamente, ningún uniformado les contestó a los funcionarios qué sucedería si, agotado el proceso judicial en la Argentina, la fuerza pública reclama en un cuartel por uno de los «extraditables» de Garzón. Nadie conoce aún si esos militares serían o no entregados por sus pares.