Kirchner ya podrá gastar sin control del Congreso

Es difícil entender que un gobierno que puede disponer libremente de excedentes de recaudación por $ 12.000 millones y fondos libres por otro monto similar necesite mayores poderes para modificar el Presupuesto nacional sin pedir autorización al Congreso. Ese podría ser el saldo del debate que continuaban esta madrugada los diputados sobre la ley que le otorga superpoderes al jefe de Gabinete. Tampoco es justificable que se cedan facultades de un poder a otro en una combinación riesgosa como es que un funcionario cambie solo con su lapicera lo que vota todo un Congreso y, al mismo tiempo, el Presidente use los decretos de necesidad y urgencia sin límite para cuestiones aún más importantes. Néstor Kirchner firmó en tres años 201 decretos de ese tipo y se utilizaron $ 34.000 millones de fondos extra que nunca fueron ingresados al Presupuesto. Se justificó ayer este cambio permanente en los poderes especiales para manejar el Presupuesto -antes existieron, pero siempre por un año- en la necesidad oficial de tener más libertad para administrar, como si al gobierno le faltaran mayorías en el Parlamento. El kirchnerismo reunía pasada la medianoche el número suficiente para votar esa reforma, pero lo que nadie pudo explicar con claridad en las largas horas del debate es por qué necesita hacerlo.

Con dos horas de retraso con respecto al momento previsto para el inicio de la sesión, el oficialismo logró reunir el quórum necesario para poder sesionar y dotar a Alberto Fernández de superpoderes presupuestarios.

Nada hizo variar ayer el camino que se había trazado el kirchnerismo para conseguir la aprobación del proyecto de reforma a la Ley de Administración Financiera que otorga poderes casi totales al jefe de Gabinete para modificar el destino de los fondos del Presupuesto nacional, incluido el cambio en la finalidad del gasto y sin sujetarse siquiera a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Anoche, el oficialismo se disponía a convertir en ley los criticados superpoderes después de haber tenido que reunir el quórum con la ayuda de los aliados de siempre. Recién allí bajaron al recinto el radicalismo y el resto de la oposición, y comenzó una larguísima sesión con 79 oradores anotados, pero que tenía, desde hace semanas, un final cantado.

Ni siquiera el oficialismo se distrajo ayer de su función de otorgar más poderes al gobierno cuando Carlos Dellepiane, del opositor Justicialismo Nacional, pidió que se citara a una sesión secreta donde se le debería tomar declaración a Edgardo Depetri, el ex piquetero oficialista que denunció esta semana la existencia de un plan con « asesinatos» políticos para desestabilizar el gobierno de Néstor Kirchner. En realidad, sonaba lógico lo que pedía Dellepiane: si un legislador conoce la existencia de un plan semejante, que hasta podría incluir un magnicidio, según el propio Depetri, debería al menos informarlo a la Cámara y a la Justicia, además de ya haberlo hecho a la prensa. Lo mismo justificó Eduardo Camaño, pero a la hora de votar un apartamiento de reglamento para convocar a esa sesión secreta, el kirchnerismo se negó a querer escuchar por qué Depetri había denunciado ese supuesto complot.

La sesión comenzó con 135 diputados presentes, número más que suficiente para el quórum de 129, y todo un logro para el kirchnerismo que lució algunas lealtades importantes como la de Paola Spatola, tres diputados del cordobés Luis Juez y el Peronismo Federal, los ex duhaldistas neokirchneristas que casi sin fisuras acompañan siempre al gobierno.

El debate comenzó con un informe de Carlos Snopek, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y siguió luego con una larga lista de discursos donde la oposición hizo todo lo posible por plantear con claridad el peligro que supone delegar al Poder Ejecutivo más facultades que las que permite la Constitución. En ese trajín, fue casi una curiosidad que Mauricio Macri hiciera uso de la palabra, ya que es conocido por casi no haber participado nunca en debates: «Quiero hablar porque este proyecto hace a la calidad democrática que vamos a tener en los próximos años. Y esto va mal. El debate de los superpoderes es ver sólo una cara, la del gobierno. Este es el debate de las superdebilidades. De la debilidad de quienes votaron representantes, de la Constitución nacional, en definitiva, la debilidad de toda la democracia. Cuando muchos de ustedes voten estos superpoderes, tendrán en la mano un pico y una pala con la que van a cavar la fosa de la institucionalidad en la Argentina», arrancó.

Iluminado

Recordó el jefe del PRO que Kirchner firmó en tres años 201 decretos de necesidad y urgencia -en promedio, un decreto cada cinco días- y, tras hacer una curiosa alegoría del experimento del sapo puesto en agua a calentar que no detecta que se está muriendo, alertó: «Con este sistema, necesitaremos de un iluminado, que no se equivoque, porque nosotros no vamos a tener instrumentos para ayudarlo». Antes que Macri, el ex duhaldista opositor Jorge Sarghini fue también contundente: «Decir que sin esta ley no se puede gobernar es decir que no se pueden administrar los recursos públicos con las reglas de la democracia. Tampoco es cierto que siempre hubo superpoderes, de los últimos cinco años tres no hubo y dos sí. Estamos convencidos de la inconstitucionalidad de esta ley y lo que no nos queda nada claro es para qué se quiere», arremetió. Si algo caracterizó a la oposición -y no al oficialismo- fue la cantidad de cifras y datos que pusieron en evidencia la inexistencia de una real necesidad por parte del gobierno de contar con mayores poderes que los actuales para administrar el gasto. Una de esas pruebas la dio Claudio Lozano: «Nos dice el gobierno que nos queda el control al Parlamento y yo me preguntaría dónde queda el control si en los últimos tres años $ 34.000 millones pasaron sin nuestra autorización. ¿Dónde queda entonces el control? Subestiman recaudación y abultan gasto. Cuando nos dijeron que iban a poner $ 1.000 millones para jubilados, en las partidas para jubilaciones había excedentes por $ 3.000 millones». O como el arista Adrián Pérez, quien recordó cómo «Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández se indignaban y horrorizaban con la delegación de facultades y ahora las apoyan. Si, como dice, Fernández quiere hacer lo que la Constitución le manda, debe ejecutar el Presupuesto tal cual lo manda el Parlamento».

La mendocina kirchnerista Patricia Fadel fue una de las primeras en defender el proyecto.

Volvió a insistir con que la facultad de administrar en ningún momento aparece otorgada al Congreso por la Constitución nacional -lo que es cierto, pero en ningún momento tema de este debate-, siguiendo el argumento oficial de que las facultades que se otorgan al jefe de Gabinete son meramente administrativas y propias de su cargo, cuando, en realidad, parecía no hacer falta aclarar que las funciones básicas del parlamento son aprobar el Presupuesto nacional y que luego el Ejecutivo lo «ejecute». Ese supuesto «error» que cometieron todos los kirchneristas tanto en el Senado -allí lo hicieron Cristina Kirchner y el propio Alberto Fernández- no es tal, sino una acabada estrategia para presentar la delegación de facultades que se votaba ayer como una mera adecuación de la Ley de Administración Financiera votada en 1992 a las funciones que la Constitución de 1994 le dio al jefe de Gabinete.