La Argentina vuelve a La Haya con pruebas de contaminación

Jorge Taiana

El gobierno argentino presentará nuevas pruebas ante el tribunal internacional de La Haya que demuestren el daño ambiental a futuro que provocaría el funcionamiento de dos pasteras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Para ello se encargarán nuevos estudios de impacto ambiental, cuya ejecución podría estar a cargo de expertos de universidades argentinas y del Mercosur, para que no se desprendan sospechas de parcialidad en los resultados.

En paralelo a la cuestión ambiental, el gobierno nacional anunció ayer que insistirá en bloquear el financiamiento internacional que las empresas ENCE y Botnia solicitaron para completar la inversión global para radicarse en Uruguay, estimada en $ 1.800 millones, $ 400 de los cuales serán aportados por el Banco Mundial.

Definición

La estrategia argentina fue definida anoche en un encuentro que mantuvieron en el Palacio San Martín el canciller Jorge Taiana, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; la asesora jurídica Susana Ruiz Cerrutti; el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti; y su vice, Pedro Guastavino.

En esa reunión se acordaron, además, los términos del encuentro que la próxima semana mantendrá el canciller Taiana en Gualeguaychú con los miembros de la Asamblea Ambiental, que se negaron a participar del cónclave en Buenos Aires y a cambio exigieron que sean los funcionarios nacionales los que viajen hacia Entre Ríos.

Como se recordará, la Corte de La Haya negó el jueves pasado la medida cautelar solicitada por la Argentina para que se detengan las obras en Fray Bentos, pero dejó abierta la posibilidad para que de aquí hasta que se expida sobre la cuestión de fondo (violación sistemática del Estatuto del río Uruguay) -algo que podría ocurrir en uno o dos años-, la parte demandante podría presentar nuevos argumentos que demuestren que las pasteras ocasionarán un daño irreparable. Esas pruebas, según especificó el alto tribunal internacional, serían consideradas para, eventualmente, ordenar la paralización de la construcción.

Es una instancia que el gobierno debe aprovechar para conseguir lo más rápido posible (antes de que las pasteras empiecen a producir) esa alternativa de máxima, ya que una vez en funcionamiento el daño que ocasionarán será ya irreversible.

Taiana señaló que, frente a la presentación de la memoria que debe realizar la Argentina ante La Haya con un plazo máximo el 15 de enero, se van a realizar estudios «científicos» para probar el daño que producirán las plantas en el medio ambiente.

«Tenemos la firme decisión de continuar la vía judicial y tenemos la confianza de que se permitirá reparar las violaciones cometidas y evitar que haya contaminación en el río Uruguay», sostuvo el canciller.

Ruiz Cerrutti -jefa de la misión argentina ante La Haya- explicó en ese sentido que, desestimada la medida cautelar, se trabaja en «la cuestión de fondo, que es el incumplimiento del Estatuto con la autorización de la instalación de las pasteras».