El tribunal resolvió el conflicto por la competencia. Los jueces resolvieron unificar las distintas denuncias presentadas sobre el tema y determinó que el expediente continúe bajo la órbita del juzgado de Comodoro Py.
El juzgado N° a cargo de la jueza Capuchetti se quedó con todas las causas del tema.
La investigación judicial por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo seguirá en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, luego de una decisión adoptada por la Cámara Federal porteña.
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El tribunal resolvió unificar las distintas denuncias presentadas sobre el tema y determinó que el expediente continúe bajo la órbita del juzgado de Comodoro Py que intervino en una de las primeras presentaciones, la que realizó la diputada Mónica Frade, que fue considerada como la primera válida.
Esa denuncia había recaído en el juzgado federal 5 a cargo de Capuchetti. Mientras que otra causa se activó con distintas medidas en el juzgado a cargo de Ariel Lijo
La resolución sobre el conflicto fue firmada por el camarista Eduardo Farah, quien sostuvo que correspondía concentrar la pesquisa en un único expediente para evitar superposición de medidas y posibles decisiones contradictorias.
Según se desprende del fallo, se descartó la intervención de otros tribunales al considerar que algunas denuncias no cumplían con requisitos procesales suficientes.
La causa se originó tras diversas presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes opositores y abogados particulares, en las que se pidió investigar si existieron beneficios irregulares y un trato preferencial en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a funcionarios nacionales, legisladores y personas cercanas al Gobierno.
Entre los apuntados aparecen integrantes del equipo económico y referentes libertarios que accedieron a créditos de alto monto. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo había comenzado a ordenar medidas de prueba en otro expediente vinculado al mismo tema.
Entre ellas, requirió al Banco Nación los legajos completos de los préstamos investigados, informes internos y documentación sobre las condiciones en que fueron aprobados los créditos. También solicitó una auditoría a la Auditoría General de la Nación.
Capuchetti le pidió la causa, pero Lijo rechazó el pedido al ratificar su competencia. Ahora la Cámara resolvió el conflicto.
La polémica tomó dimensión pública luego de que trascendiera que varios funcionarios habían accedido a líneas hipotecarias con condiciones consideradas más favorables que las disponibles para clientes comunes.
Desde el Gobierno rechazaron cualquier irregularidad y defendieron la legalidad de las operaciones.