La Corte aceptó su competencia en un planteo por las retenciones

La Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia en el conflicto desatado en el marco de una causa iniciada por la provincia de San Luis contra la aplicación de las retenciones móviles dispuestas por el Estado Nacional.

Así lo resolvió el máximo tribunal en el marco de una demanda iniciada por esa provincia, y corrió traslado al Gobierno Nacional para que dé su respuesta a la demanda en el plazo de 60 días.

Justamente San Luis fue visitada este martes por los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, quienes fueron recibidos por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en la Casa de Gobierno provincial.

Allí se lanzaron fuertes críticas al Gobierno Nacional y se cuestionó el anuncio realizado por la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo que los excedentes generados por las retenciones serán destinados a hacer "política social".

Al ser consultado sobre esta decisión judicial, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo: "Si nos cortan el camino político, nos queda el camino judicial", y dijo confiar en que la Corte "dé una resolución final, confiamos en eso".

La resolución fue dictada en el marco de una presentación del gobierno puntano, en la cual se indicó que las retenciones móviles "afectan la Coparticipación Federal".

En el escrito se reclamó la "inconstitucionalidad" del sistema de retenciones móviles a las exportaciones del agro, porque afecta la coparticipación federal de impuestos". La presentación ingresó directamente a la Corte como "juicio originario", porque se trata de la demanda de una provincia contra la Nación.

La provincia de San Luis pidió, además, la inconstitucionalidad de "todos los derechos de exportación que hayan sido establecidos por el Estado nacional a partir del 1 de enero de 2002".

En su resolución, la Corte corrió vista al Gobierno Nacional para que "comparezca al juicio y la conteste en el plazo de 60 días".

La demanda había sido presentada por Rodríguez Saá con el patrocinio del ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, luego de la polémica resolución número 125/08 que incrementó el impuesto a las exportaciones de granos.

La demanda incluye, además, un pedido para que se condene al Estado Nacional a pagar a la provincia una suma de dinero en concepto de diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese percibido de no haberse aplicado los derechos de exportación.

En el acuerdo, la Corte aceptó intervenir en ese proceso y evaluar el pedido de "inconstitucionalidad de todas las normas que hayan impuesto derechos de exportación a partir del 1° de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública declarada por la ley 25.561, y de la delegación que, en la materia, autoriza el art. 755 del Código Aduanero".

El gobernador Rodríguez Saá había denunciado que desde el Gobierno existe un "ejercicio abusivo del poder fiscal en materia de derechos de exportación" la cual "constituye una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal".

Incluso afirmaron que es "potestad exclusiva del Congreso de la Nación fijar tributos y legislar en materia aduanera", y así consideraron que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo".

Por otro lado, en los próximos meses puede que la Corte también tenga que expedirse sobre el tema retenciones, ya que aquellas resoluciones conocidas en los últimos días por distintos jueces que las declaran inconstitucionales, fueron apeladas por el Estado y llegarán al máximo tribunal.