La gripe sirvió para dilatar algún acuerdo

Felipe Solá y Alberto Fernández echaron mano ayer del factor humano para dilatar la discusión entre la Nación y Buenos Aires por el reparto de fondos coparticipables, con ley o sin ella. Los dos se declararon enfermos y apenas dialogaron por teléfono, cruzando información sobre la temperatura y los brebajes más aptos para superar la epidemia.

El primer efecto de este proyecto fue el anuncio ayer de Roberto Lavanga de que la ley de coparticipación se postergará en el tiempo. «Hay que estudiarlo con cuidado.»

Tenían prevista una primera reunión ayer en la Casa de Gobierno de Buenos Aires para tratar de acercar posiciones en cuanto a varios puntos. El primero, el pago de deudas por $ 470 millones por atrasos en el envío de partidas para el sistema previsional y para Educación que la Nación dice tener listas para liberar en cuanto se aclare el marco político de la puja de fondo, que es entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde por el control del aparato peronista.

Un segundo punto en debate es el proyecto de ley de coparticipación que según Buenos Aires limita el porcentaje de fondos a 21% del total distribuido en 4 años. Solá reclama que por lo menos se respete el histórico 25% que recibió su provincia cuando tenía vigencia legal el llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

Ayer, el gobierno admitió lo que había adelantando este diario: que la batalla clave para el gobierno es la ley de responsabilidad fiscal, proyecto cuya aprobación también condiciona Buenos Aires a la satisfacción de su reclamo.

Como se informó, la idea del gobernador Solá es que el gobierno nacional ceda un monto cercano a los $ 700 millones en concepto de «resarcimiento» por esa postergación.

El argumento que llevó el viernes Solá a la reunión de la Casa de Gobierno es que hay encuestas de pobreza que marcan un crecimiento de la marginalidad y de la cantidad de habitantes por debajo de la línea de pobreza en el último mes, tomando como base el año 2002.

Esta vez Solá agrega que los puntos en más que reclama Buenos Aires no deben salir de los montos ya previstos para las provincias, sino de la porción que le corresponde a la Nación en la llamada «coparticipación primaria», es decir el reparto entre la administración federal y las provincias que se hace sobre el bruto de la recaudación de impuestos (en ese reparto la Nación se lleva algo así como 60% y las provincias 40% restante).

El propio Néstor Kirchner se ocupó de informarse sobre las demandas de Solá; en ausencia del jefe de Gabinete citó a su despacho a Roberto Lavagna y al secretario de Coordinación del ministerio, Leonardo Madcur. Este funcionario integra el trío responsable de redactar y negociar el proyecto de ley de coparticipación con los gobernadores, junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, y al vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pesoa. De ahí salió Lavanga diciendo: «Esta ley se va a estudiar con cuidado para más adelante». Una postergación.

Con ellos es con quien discutió la semana anterior del ministro de Economía de Solá, Gerardo Otero, quien recibió el texto definitivo del proyecto de coparticipación. «¿Vamos a discutirlo?», preguntó el ministro. «Esto no se discute», le respondió el trío. Ese cruce fue lo que movió a Solá a endurecer la postura ante el gobierno nacional, gesto que consultó con Duhalde antes de que el ex presidente viajase a Canadá.