A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional puso a disposición de los interesados que así lo requieran las actuaciones archivadas obrantes en la Inspección General de Justicia (IGJ, organismo encargado de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales y otras entidades), al derogar una norma que regía desde enero de 2012.
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El titular de la IGJ, Sergio Brodsky, adoptó la medida en razón de que "resulta necesario asegurar la conservación de aquellos documentos que realmente tienen valor permanente" y para "facilitar la búsqueda y el ordenamiento tanto de los documentos activos como los inactivos".
La resolución general 2 del organismo, recuerda que -según un decreto de 1982- "las actuaciones obrantes en la Inspección general de Justicia, revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados, conforme la reglamentación que dicte el organismo".
La medida de la IGJ deroga la resolución 3/2012 y apunta a la "transparencia de la información", según habían anticipado desde el Ministerio de Justicia.
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