El gobierno insistió ayer en que las retenciones de 10 por ciento a las exportaciones agropecuarias serán destinadas a subsidiar los llamados «programas sociales», y que la autodenominada Mesa del Diálogo Argentino tendrá a su cargo el control y verificación de la transparencia con que se gasten esos fondos. El dinero lo gastará el Ministerio de Desarrollo Social que vigila la esposa del Presidente, Hilda Beatriz González. Eduardo Duhalde visitó ayer en Virreyes, San Isidro, a la Mesa del Diálogo, de la que participan tres obispos: Juan Carlos Maccarone (Santiago del Estero), Ramón Artemio Staffolani (Río Cuarto) y Jorge Casaretto (San Isidro y titular de Cáritas), además del diplomático español Carmelo Angulo, los legisladores Antonio Cafiero y José María Díaz Bancalari, y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero.
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El gesto del Presidente, al trasladarse hasta la casa de retiros Monseñor Aguirre en la localidad de Virreyes, buscó resta-ñar el enojo de esa mesa, que se atribuía haber logrado una donación de $ 1.500 millones de las entidades agropecuarias para fondo social. Ese regalo quedó sin efecto cuando se conoció la decisión del gobierno de gravar con 10 por ciento las exportaciones de productos primarios. Un desaire a los dialoguistas de esa mesa.
El diputado José María Díaz Bancalari admitió que el Presidente viajó hasta Virreyes para asegurarles a los obispos el destino de esa retención. Estos le contestaron que se conforman con el rol de legisladores, porque Cáritas no puede hacerse cargo de su distribución porque carece de infraestructura suficiente. La mayoría de los integrantes de la Conferencia Episcopal, por su parte, se opone a que Cáritas asuma esa responsabilidad de contornos fuertemente políticos.
Ya en el inicio del diálogo, del que ha tenido participación el representante español del PNUD, el embajador Angulo, hizo saber el cardenal Raúl Francisco Primatesta, titular de la comisión de Pastoral Social, que no estaba de acuerdo con esta mesa de diálogo, inicialmente concebida para apoyar la gestión de Fernando de la Rúa. En parecidos términos hizo conocer su opinión el primado y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio. La Conferencia Episcopal sólo ha autorizado a tres obispos a participar de esa mesa prove-yendo sólo el ámbito para el diá-logo. Duhalde destacó el nivel que alcanzó el «diálogo argentino» y remarcó especialmente que el primer fruto del consenso multi-sectorial será la formación de un «fondo social» para atender las necesidades básicas de 1.200.000 personas. El Presidente puso de relieve el rol asumido por la Iglesia para afrontar la iniciativa, de igual modo que la participación asumida por el representante de las Naciones Unidas. «Culminó con una decisión del Estado de conformar un fondo muy importante para que, calculamos un millón doscientas mil familias, comiencen muy rápidamente, fines de abril, a estar integradas», dijo Duhalde tras la reunión. «En seis meses deberán estar trabajando en una actividad comunitaria de cuatro horas, o en una actividad privada, que el Estado le seguirá pagando y el privado le completará el salario y lo blanqueará como trabajador», se cuestionan.
Resaltó que «el diálogo hizo propios los planteos que viene haciendo la Iglesia desde hace mucho tiempo: que la situación más grave que enfrentamos son las injusticias viejas y las nuevas injusticias que sufren los argentinos, es decir la cuestión social».
Sobre los «gestos concretos» que reclamó la Iglesia para que todos los sectores se pongan a tono con las reformas estructurales planteadas, Duhalde reconoció que en algunos casos aún no se concretaron.
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